En el marco del V Congreso Internacional “Agua para el Futuro: Hacia un nuevo acuerdo por el agua”, realizado en Mendoza (Argentina), la Dra. Silvia Saravia Matus, Oficial de Asuntos Económicos y Elizabeth Coble consultora experta en recursos hídricos de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, dictaron una clase magistral con un mensaje central: sin valoración del agua no se hace efectiva la gobernanza hídrica. Hacer visible su valor económico, social y ambiental permite ordenar prioridades, corregir incentivos, mejorar la eficiencia y fortalecer la legitimidad de las decisiones en la región.

La exposición planteó que la región atraviesa una transición histórica. Si el siglo XX se caracterizó por expandir oferta mediante grandes obras, el escenario actual está marcado por una escasez sistémica, es decir, un ciclo hidrológico alterado, mayor competencia por usos y brechas persistentes de acceso y calidad que no se resuelven solo con inversión en infraestructura. En tal contexto, urge fortalecer reglas, instituciones e instrumentos para gestionar el agua como un bien estratégico.

Como evidencia de la presión sobre el recurso, se subrayó el deterioro de acuíferos: 2.150 gigatoneladas extraídas entre 1993 y 2010 y la fase crítica de agotamiento de 21 de los 37 mayores acuíferos del planeta entre 2003 y 2013, con efectos como hundimiento de suelos y salinización.

La clase magistral enfatizó que la subvaloración del agua se traduce en costos sociales, ambientales y económicos cada vez más claros. En ALC, los conflictos por el uso del agua se cuadruplicaron entre 2000 y 2019; además, 54% de las aguas residuales no se tratan, con impactos sobre ecosistemas y salud (pérdidas estimadas de 2 millones de Disability-Adjusted Life Years (DALYs al año). A esto se suma la fragilidad de redes e infraestructura: alrededor de 40% del agua es no facturada, asociada principalmente a pérdidas.

En Argentina, destacó la relevancia de orientar la eficiencia con base en la estructura de uso: ≈75% del agua se destina a agricultura y ≈17% a uso municipal, lo que vuelve estratégico combinar productividad, inclusión y sostenibilidad territorial. 

Además, alertó sobre presiones emergentes sobre el recurso que obligan a reordenar prioridades. Ejemplificó que, en la región, existen aprox. 1.200 canchas de golf con un consumo anual de aprox. 651,3 millones de m³, equivalente al consumo urbano de Uruguay por 3,5 años.

Mencionó, además, la alta dependencia entre agua y energía: cerca de 47% de la electricidad regional proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que amplifica vulnerabilidades frente a sequías y eventos extremos.

Ya mirando al futuro, introdujo un dato ilustrativo sobre economía digital: el agua requerida hasta 2027 para enfriar centros de datos y fabricar chips sería suficiente para abastecer con agua potable a toda la población de Brasil durante 5 años, evidenciando que la transición digital también tiene una alta huella hídrica.

La CEPAL reconoce que se requieren inversiones sustantivas para reducir riesgos y cerrar brechas en el sector hídrico. Se estima que la región debiera invertir en torno a 0,28% del PIB anual en control de inundaciones hasta 2030 para metas de adaptación, y que incrementar la inversión en agua y saneamiento a 1,3% del PIB regional anual durante 10 años, no solo universaliza el acceso de este derecho, sino que impulsa el empleo verde (generando 3,8 millones de empleos verdes anuales). Sin embargo, el mensaje fue especialmente crítico sobre la implementación, debido a que, aunque el gasto público hídrico regional se aproxima a USD 14,9 mil millones (≈0,3% del PIB regional), unas cinco veces menos lo requerido para alcanzar el derecho humano al agua y saneamiento). A la vez se observa una brecha de ejecución donde cerca de 28% de los fondos no se ejecuta, lo que apunta a desafíos de capacidades, planificación, implementación y gobernanza, que se suman a las de financiamiento.

Por lo tanto, la propuesta es generar cánones hídricos con sentido público y reglas fuertes, colocar en el centro el rol de los cánones por uso de agua cruda como instrumentos para alinear incentivos y resultados. Recalcó que bien diseñados, pueden desincentivar prácticas insostenibles, promover conservación y mejorar la distribución de costos, siempre priorizando el derecho humano al agua y la protección ecosistémica.

Para que éstos funcionen, se deben considerar los siguientes criterios:

• Financiamiento: debe reconocer costos de inversión y operación (¿quién paga?).
• Costo total: debe incluir producir, conservar, gestionar, usar y proteger el agua y su ecosistema.
• Señal de escasez: debe reflejar el costo de oportunidad y escasez relativa, especialmente en sequía.

La Dra. Saravia Matus enfatizó que los rasgos deseables de estos cánones deben contener una finalidad ambiental, recaudación para gestión, y deben ser progresivos, considerando el principio de “quien contamina paga”, para proteger a la población más vulnerable y evitar que el costo de la degradación recaiga sobre el conjunto de la sociedad.

Un mensaje transversal fue evitar dicotomías. Más que elegir entre mercado, comunidad o Estado, lo decisivo es contar con reglas sólidas: un modelo que no regula falla; uno que no protege ecosistemas no es sostenible; y uno que no corrige asimetrías no es justo.

Como base mínima, planteó cuatro pilares: Derecho Humano al Agua y Saneamiento, salvaguardas ecológicas obligatorias, priorización de usos productivos y coherencia operativa, sumado a un regulador robusto con autoridad efectiva. Partiendo por los territorios con mayor estrés (ciudades con déficit, cuencas críticas y polos productivos intensivos), avanzar con gradualidad y fiscalización, y aplicar responsabilidades compartidas pero diferenciadas, donde quienes más consumen o pueden aportar lo hagan proporcionalmente más. 

El mensaje final de la ponencia resaltó que, para cerrar la brecha de ejecución, se requiere contar y reforzar las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP), que permitan convertir instrumentos en implementación efectiva, con legitimidad y visión de futuro a nivel regional.

Por otra parte, en paralelo, la CEPAL sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal de Argentina (COHIFe) y con su Secretaría General, junto con representantes de las 24 provincias que lo integran, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de su XLVI Asamblea Ordinaria.

En dicha instancia se identificaron posibles sinergias orientadas a la revisión de los cánones hídricos aplicados por los Estados Provinciales, con el propósito de fortalecer una gestión integrada del recurso, promover el desarrollo armónico e integral del país en materia hídrica y contribuir a la formulación y seguimiento estratégico de la Política Hídrica Nacional, en coherencia con los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina. Todo ello, respetando el dominio originario que las provincias argentinas ostentan sobre los recursos hídricos.