En América Latina y el Caribe, la tasa anual de fallecidos por siniestros de tránsito es de 19,2 por cada 100.000 habitantes, superando con creces las tasas registradas en otras regiones del mundo como Europa (9,3) y Norte América (10,2), siendo la siniestralidad vial la primera causa de muerte entre los niños desde los 5 a los 14 años, y la segunda causa de muerte entre jóvenes desde los 15 a los 29 año. Dada la magnitud de los costos sociales y económicos resultantes de la inseguridad vial en la región, el Bien Público Regional (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) surge como un proyecto concreto que se enmarca dentro de los esfuerzos internacionales para orientar y apoyar a los países en la prevención de siniestros viales y la reducción de emisiones de contaminantes por medio de la regulación vehicular. Participan también como colaboradores en este esfuerzo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Latin NCAP y la Universidad de Chicago.

En concreto, el BPR tiene como objetivo el apoyar a los países de América Latina y el Caribe, en particular los países que han adherido al Bien Público Regional (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay), a ponderar la vinculación a la normativa del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de las Naciones Unidas y a examinar los posibles impactos de su adopción. El proyecto contempla la realización de tres estudios y la celebración de dos instancias de diálogo de alto nivel con el fin de generar una reflexión en torno a las reglamentaciones, además de ofrecer argumentos objetivos y técnicamente sólidos para respaldar las decisiones de política pública en la adopción de Reglamentos ONU elaborados por el WP.29 en la región.

En este contexto, los días 29 y 30 de agosto de 2018 en Ciudad de México, se desarolloó el Primer Taller regional  éste contó con la presencia de 48 participantes de 15 países de la región y las 4 instituciones que forman parte de los equipos de investigación y el equipo coordinador del BPR. El Taller contempló dos días de actividades que incluyeron presentaciones y sesiones dinámicas para contextualizar la relevancia de la temática para la región, ofrecer una visión conjunta de las metodologías, resultados preliminares de las investigaciones, y generar espacios concretos de reflexión y retroalimentación de los países.

En las conclusiones se destacaron los siguientes mensajes:

La seguridad vehicular debe ser parte de una política de movilidad que considere los efectos económicos, sociales y ambientales de los estándares de seguridad vehicular en los países de la región; Existe la necesidad de alinear la visión del sector automotriz a estrategias nacionales y regionales de desarrollo;

La construcción de vehículos más seguros puede ser también una oportunidad para generar una transformación productiva en beneficio para el desarrollo social de la región, generar mayores oportunidades de empleo de calidad, promover la innovación y los servicios de valor agregado. Para ello se requiere avanzar en una estrategia de largo plazo sostenida en el tiempo con acciones sobre la oferta como sobre la demanda de los vehículos a través de una adecuada coordinación público, privada y la sociedad civil.

Es importante de conferir un enfoque regional a los esfuerzos por promover la seguridad vehicular con una participación no solamente de los ministerios de transporte o agencias de seguridad vial, sino también integrando a los ministerios de hacienda, comercio, industria, relaciones exteriores, y fundamentalmente de Salud pública, con una forma de generar una mirada integrada sobre el tema.

Los foros, los bancos multilaterales y los organismos internacionales están listos a contribuir en la promoción del diálogo y del apoyo a los países de la región en el proceso de adopción de las normas. Es importante generar este tipo de Diálogos de manera permanente para aumentar y enriquecer las discusiones e interacciones y para que se den también mayores espacios a tomadores de decisiones.