Este año, la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad se realiza bajo el lema "Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos", destacando el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades resilientes y equitativas.

El Día Internacional de las Personas de Edad nos invita a reflexionar sobre el valioso aporte de las personas mayores al desarrollo de las familias, las comunidades y los países de América Latina y el Caribe. La población de 65 años y más en América Latina y el Caribe en 2024 era de 65 millones y se estima que alcanzará los 138 millones en 2050, pasando a representar del 9,9% al 18,9% de la población total.

Se trata de un aporte amplio y diverso, que abarca desde la transmisión de conocimientos —como aquellos relacionados con la prevención, mitigación y respuesta ante emergencias y desastres socioambientales— hasta su participación activa en actividades productivas, contribuyendo al desarrollo económico y social. En la región, la contribución económica de las personas de 50 años y más —medida en términos de PIB— pasaría del 36,7% en 2020 al 42,5% en 2050 y su participación en el consumo, pasaría del 45,1% al 59,7% en el mismo periodo. 

Este reconocimiento cobra especial relevancia frente a percepciones que presentan a las personas mayores como un grupo homogéneo, frágil y pasivo. En todos los ámbitos de la vida pública y privada, las prácticas discriminatorias afectan de manera significativa a las personas mayores, en particular a las mujeres y a quienes se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad social. Estas dinámicas generan riesgos de maltrato y violencia, al tiempo que invisibilizan las múltiples contribuciones de las personas mayores.

En los Pueblos Indígenas, las personas mayores son reconocidas como autoridades morales y guías espirituales, y valoradas por su conocimiento y sabiduría. Su rol participativo y consultivo en los asuntos comunitarios ilustra la importancia de reconocer a las personas mayores como actores sociales activos y referentes. 

Garantizar la plena inclusión de las personas mayores requiere un cambio de paradigma y de narrativa, reconociéndolas como sujetas de derechos, protagonistas activas de la sociedad y agentes de cambio. Asimismo, es fundamental generar y visibilizar información estadística que permita reconocer y valorar sus contribuciones al desarrollo, asegurando su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental al visibilizar no solamente las necesidades y demandas, sino también las diversidades de las vejeces en la región, que no deben quedarse atrás.

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento ofrece a los países una hoja de ruta para avanzar hacia la construcción de sociedades para todas las edades que colocan la protección de los derechos de las personas mayores en el centro de las políticas públicas. 

En este marco, el CELADE-División de Población de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, ha iniciado la planificación de la quinta revisión regional de la implementación de este instrumento internacional. Esta revisión culminará en 2027 en el marco de la Sexta Conferencia Regional Intergubernamental. 

Se trata de una oportunidad clave para fortalecer las acciones emprendidas por los países y, de manera conjunta, mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en la región. 

En la Declaración de Santiago (2022), resultado de la última revisión regional, los países de la región resaltaron las diversas y fundamentales contribuciones que las personas mayores realizan para el funcionamiento de nuestras sociedades y llamaron a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos, e insta a los países a implementar políticas de cuidados.

Al mismo tiempo, esta labor se complementa con otros instrumentos regionales y globales, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contribuyen a garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas mayores, a defender su dignidad y reconocer sus aportes, avanzando hacia la construcción de sociedades inclusivas, equitativas y resilientes, en las que la experiencia y el conocimiento acumulados sean plenamente valorados y aprovechados.