Este artículo es parte de la serie de blogs #FundEducation, que se centra en la urgente necesidad de cerrar la brecha de financiamiento para el ODS 4: Educación de Calidad para Todos. La serie reúne perspectivas de socios y expertos en financiamiento educativo, reflexionando sobre los desafíos de aumentar el volumen, la eficiencia y la calidad de los recursos dedicados a la educación en todo el mundo, así como las acciones necesarias para garantizar que la educación esté adecuadamente financiada en el futuro.

Como se destacó en una entrada anterior del blog, en respuesta a la Declaración de Santiago 2024, agencias de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil consensuaron cinco propuestas para transformar el financiamiento educativo en América Latina y el Caribe. Estas propuestas son: i) ampliar el espacio fiscal para la educación, ii) definir estándares de inversión mínimos por estudiante, iii) mejorar la eficiencia del gasto, iv) coordinar recursos intersectoriales, y v) promover alianzas público-privadas para fines específicos. El objetivo es fomentar la inversión educativa sostenible que permita construir sistemas más inclusivos y de calidad, y posicionar a la educación como eje central de una estrategia de desarrollo para la región.

Reconociendo la importancia del financiamiento como una condición habilitante para la necesaria recuperación, reactivación y transformación educativa en América Latina y el Caribe, las ministras y ministros de educación de la región convocaron en la Declaración de Santiago 2024 la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional para avanzar hacia una estrategia regional que garantice una inversión educativa con sostenibilidad financiera, más equitativa y eficiente.

Este grupo, conformado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), elaboró cinco propuestas clave para garantizar una inversión educativa sostenible en América Latina y el Caribe, con criterios de equidad y mayor eficiencia en su implementación. A continuación, las resumimos.

1. Ampliar el espacio fiscal para la educación

La primera propuesta es directa y precisa: sin acceder a más recursos, no habrá transformación educativa. América Latina y el Caribe tiene una carga tributaria más de 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Esta limitación restringe la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad, como la educación.

El grupo propone que los países implementen esfuerzos para expandir el espacio fiscal para la educación, entre otras medidas, a través de reformas tributarias progresivas que fortalezcan los ingresos públicos y reduzcan la carga financiera que actualmente enfrentan los hogares. Además, se sugiere explorar mecanismos innovadores de financiamiento, como los canjes de deuda por educación y los bonos temáticos o de impacto, que canalicen recursos hacia el sector sin comprometer la sostenibilidad macroeconómica.

2. Definir estándares de inversión mínimos por estudiante

Hoy, muchos países de la región cumplen con al menos uno de los compromisos de inversión establecidos en la Declaración de Incheon, pero la inversión por estudiante sigue siendo insuficiente para garantizar el derecho a una educación de calidad a todas y todos. En este contexto, se recomienda que los países establezcan estándares de inversión mínimos por estudiante, basados en el costo real de ofrecer una educación inclusiva y de calidad en determinados contextos. Estos estándares pueden servir como referencia técnica y política para planificar presupuestos educativos más justos y sostenibles.

3. Mejorar la eficiencia del gasto

Invertir más no basta si los recursos no se usan bien. La tercera propuesta pone el foco en la eficiencia del gasto educativo. Esto implica mejorar los sistemas de costeo, monitoreo y rendición de cuentas, y fortalecer las capacidades de los ministerios de educación para utilizar esta información en la toma de decisiones.

Actualmente, muchos países enfrentan limitaciones en la disponibilidad y calidad de datos financieros y educativos. Por eso, se propone también ampliar y robustecer los sistemas de información y gestión educativa (SIGED), incluyendo datos sobre financiamiento, uso de recursos y resultados, con desagregaciones que permitan atender las múltiples desigualdades existentes.

4. Coordinar recursos intersectoriales

Las desigualdades sociales constituyen barreras para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Para abordarlas se recomienda avanzar en políticas integrales e intersectoriales que articulen recursos provenientes del sector educación con salud, protección social, transporte e infraestructura, entre otros. Esta coordinación permitiría garantizar las condiciones materiales necesarias para la escolarización y potenciar el impacto de la inversión educativa, al facilitar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan participar activamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

5. Promover alianzas público-privadas para fines específicos

Finalmente, el grupo propone formar alianzas público-privadas en el sector educativo, cuando resulte necesario, para financiar proyectos vinculados a la inversión, entre otros, proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, evitando su uso para gastos corrientes.

El sector privado puede ser un aliado clave para movilizar recursos y capacidades, fortaleciendo el acceso a una educación de calidad, siempre bajo marcos contractuales, regulatorios y de transparencia que protejan la educación pública y aseguren la equidad en los servicios.

Un compromiso compartido por el futuro

Estas cinco propuestas ofrecen un marco estratégico para orientar los esfuerzos nacionales y regionales hacia una inversión educativa que guíe la transformación educativa en América Latina y el Caribe, con sostenibilidad financiera, equidad y eficiencia.

Su implementación no será posible sin diálogo social y voluntad política. Los Estados y, en particular, los Ministerios de Educación deben liderar este proceso, construyendo consensos amplios y alianzas duraderas que sitúen a la educación en el centro de las estrategias de desarrollo. Garantizar el derecho a una educación de calidad no solo es una obligación moral, sino una condición indispensable para construir un mejor futuro compartido en la región.

Disclaimer: Esta sección del blog presenta ideas y reflexiones de miembros del Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 y otros socios en educación sobre la transformación educativa y el liderazgo del ODS 4. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a los autores.