Antecedentes y contexto

El derecho humano a la educación constituye el cimiento de los principios de desarrollo, paz y seguridad en los que se fundamenta la Agenda 2030. Asimismo, posibilita y acelera el progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, la mejora de la productividad y el empleo de calidad, la lucha contra la pobreza, la construcción de sociedades democráticas y equitativas, la igualdad de género, la diversidad cultural y el bienestar. Además, la educación fomenta la sensibilización sobre el cambio climático, las prácticas sostenibles y facilita la implementación de estrategias de mitigación y adaptación ante dicho fenómeno[1].

El pasado 25 y 26 de enero, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, espacio en el que se generó un debate amplio sobre las estrategias efectivas para alcanzar las metas del ODS 4 y los compromisos planteados en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES por sus siglas en inglés). Uno de los consensos más importantes reflejados en la Declaración de Santiago 2024 fue la necesidad de ofrecer una respuesta sistémica a los desafíos educativos del siglo XXI, promoviendo el desarrollo integral de aprendizajes y competencias, tanto cognitivas, como socioemocionales, digitales y ciudadanas, y garantizando la sostenibilidad financiera de la educación como condición habilitante.

El financiamiento de la educación ha sido incluido en los acuerdos globales de los últimos años.  El Marco de Acción para la Educación 2030 reconoció que el logro del ODS 4 requeriría un incremento de la inversión educativa, especialmente en aquellas dimensiones donde se identifican rezagos e inequidades. Asimismo, la TES instó a los países y socios a movilizar mayores recursos, domésticos e internacionales para incrementar la inversión en educación, mejorar la equidad y la eficiencia del gasto mediante una gestión financiera sostenible, un monitoreo y evaluaciones periódicas, además de la disposición de más datos y rendición de cuentas.

Reconociendo que la educación es una inversión catalizadora para el futuro sostenible de la sociedad y del planeta, los países tienen el desafío de profundizar sus esfuerzos para ampliar el espacio fiscal y liberar más recursos para la educación pública, mediante reformas fiscales progresivas, la financiación innovadora, el alivio de la deuda y la cooperación público-privada. También los donantes deberían aumentar la financiación de las inversiones a largo plazo en educación y apoyar a los países en la mejora de su capacidad de movilización de recursos nacionales.

La educación es una inversión inteligente para salir de la trampa del desarrollo de bajo crecimiento y alta desigualdad en la que se encuentra la región. Avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una decisión política que se relaciona con el tipo de desarrollo que se quiere alcanzar. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes desafíos para consolidar estrategias de financiamiento que permitan habilitar esta transformación. Por ejemplo, en 2022, si bien la región cumplía al menos uno de los mínimos acordados a nivel internacional -gasto público en educación de al menos 4% del PIB (mínimo alcanzado por El Caribe) y de al menos 15% del gasto público total (mínimo alcanzado por América Latina)-, en comparación con economías más desarrolladas, todos los países de la región evidenciaban un gasto por estudiante relativamente bajo, sobre todo en el nivel preprimario.[2]

La sostenibilidad financiera en educación es necesaria para implementar políticas estables en el mediano y largo plazo, que además se enfoquen en los mecanismos de distribución, que compensen desigualdades de origen de los estudiantes y garanticen el derecho a la educación. Además, se deben identificar y corregir ineficiencias y priorizar la asignación de recursos en áreas dónde la evidencia muestra mayores retornos, como es el caso de las mejoras en la calidad docente, y el desarrollo de sistemas públicos de información y gestión, que incluyan el monitoreo del uso de los recursos.

América Latina y el Caribe se ha comprometido a promover que el financiamiento educativo no retroceda y logre alcanzar y superar las metas de financiamiento ya establecidas a nivel internacional. Al mismo tiempo, se ha logrado un importante consenso en concebir la reactivación, recuperación y transformación educativa como aceleradores de las metas del ODS 4, con énfasis en la promoción de los aprendizajes y competencias fundamentales, tanto cognitivas como socioemocionales y ciudadanas, incluyendo las habilidades digitales, la construcción de la cultura de paz y no violencia, la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible.

Con estos antecedentes, en el marco del inicio del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de la celebración de la Cumbre del Futuro, el Gobierno de la República Dominicana, con el apoyo del Ministerio de Educación de Chile, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Fundación Varkey, convocan un evento especial de alto nivel sobre las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento sostenible para lograr el ODS 4 en la región.

 Objetivo del Evento

 Convocar a las altas autoridades de la región para consolidar y movilizar una posición común para la garantía de las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento que permitan una transformación sostenible de la educación pública, el logro de las metas educativas de la Agenda 2030, y con ello el avance hacia la garantía del derecho humano a la educación para todas y todos.

 Objetivos Específicos

 ●       Reflexionar sobre la necesidad de avanzar en la garantía de las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento sostenible para la reactivación, recuperación y transformación educativa.

●        Reflexionar sobre la importancia de la cooperación regional y el rol del multilateralismo para promover un compromiso concreto de todos los actores por el financiamiento sostenible de la educación, estableciendo espacios regionales de diálogo y aprendizaje, entre las autoridades de educación y finanzas.

●       Presentar iniciativas exitosas e innovadoras que han contribuido a mejorar la educación en contextos diversos, sobre la base de un financiamiento sostenible, equitativo, inclusivo, transparente y eficiente.

●       Posicionar a la región de América Latina y el Caribe en el contexto global y en la implementación de los acuerdos de la TES y del Pacto del Futuro como un referente de compromiso y capacidad movilizadora de sus líderes en favor de la garantía del derecho humano a la educación.

Resultado esperado

Compromiso al más alto nivel para promover y movilizar con gobiernos, cooperación internacional, sociedad civil y sector privado, acciones que garanticen las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento sostenible para una transformación de la educación y el logro de las metas del ODS 4.

[1] Aportaciones preparadas por el Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 para el Pacto del Futuro

[2] https://www.cepal.org/es/publicaciones/68806-desafio-la-sostenibilidad-financiera-la-educacion-america-latina-caribe