La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, destacó el importante rol que juega el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para construir un renovado pacto global que permita fortalecer el multilateralismo y potenciar una mayor solidaridad con los países de ingreso medio en temas centrales como el endeudamiento y la transición hacia modelos de crecimiento sostenible con baja senda en carbono.
La máxima autoridad de la CEPAL participó el viernes 2 de julio en una reunión de alto nivel efectuada virtualmente en el marco del Segmento de Integración 2021 del ECOSOC que, bajo el liderazgo de su Vicepresidente, el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Adjunto de México ante las Naciones Unidas, promueve un fecundo debate sobre la necesidad de un renovado pacto para la integración de políticas económicas, sociales y ambientales para la recuperación post-COVID-19 y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Bárcena intervino en el Panel 2 del evento titulado “Reconstruir mejor hacia economías inclusivas, sostenibles y justas para la recuperación: Rediseñar el pacto entre las personas y el planeta”, en el cual también estuvieron presentes Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); José Antonio Ocampo, Presidente del Comité para el Desarrollo de Políticas (CDP) en su 23a sesión; Julio Santaella, Vicepresidente de la Comisión de Estadística de la ONU en su 52ª sesión; y Renato Zerbini Ribeiro Leão, Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su 69ª sesión.
El panel fue moderado por Maria Francesca Spatolisano, Secretaria General Asistente para la Coordinación de Políticas y Asuntos Interagenciales del Departmento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), y contó también con la participaron de Walton A. Webson, Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante al ONU y Presidente de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), y Diego Pary Rodríguez, Representante Permanente de Bolivia ante la ONU y miembro del Comité del Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral (LLDCs, por sus siglas en inglés).
En su intervención, Alicia Bárcena indicó que “requerimos un foro multilateral para debatir la arquitectura de la deuda, incluyendo la posibilidad de establecer una agencia calificadora de riesgo de carácter pública, la plena inclusión de los países de ingreso medio a la iniciativa de suspensión de la deuda del G-20 y utilizar instrumentos financieros innovadores como cláusulas de huracanes y bonos de ODS. Requerimos una redistribución adicional de liquidez, mas allá de los derechos especiales de giro para que países -sobre todo los de ingreso medio- accedan a fondos concesionales, a mercados, a los fondos verdes y sobre todo a las tecnologías a bajo costo”, señaló.
Para ello explicó que será necesario cambiar la narrativa de desarrollo para que vaya más allá del PIB per cápita y considere las especificidades y brechas de desarrollo de los países de ingreso medio. “Ahí la Agenda 2030 es señera y nos muestra que solo una medición multidimensional nos puede indicar los niveles de desarrollo. Por eso es tan relevante cambiar la narrativa de desarrollo e incluir mediciones que van más allá del PIB per capita. No podemos cambiar para no cambiar. Debemos movernos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad y la sostenibilidad”, declaró Bárcena.
Agregó que para lograr una recuperación pos-pandemia de COVID-19 con economías más inclusivas, justas y sostenibles, es necesario tener accceso equitativo a las vacunas, mantener los ingresos básicos de emergencia para los grupos más vulnerables, cerrar la brecha digital de los 46 millones de hogares que no cuentan con internet, y conectar la emergencia con el mediano plazo.
Reiteró que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más golpeada por la pandemia, y que a pesar de tener solo el 8,4% de la población global, acumula un quinto de los casos reportados y casi un tercio de las muertes registradas debido al COVID-19, además de ser la región más endeudada (con el 77% de su PIB en promedio) y registrar el servicio de deuda externa más alto, como porcentaje de sus exportaciones de bienes y servicios (59%).
“Enfrentamos crecientes asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, así como una recuperación divergente con acceso desigual a las vacunas, al financiamiento, los mercados y capacidades tecnológicas”, remarcó. “Siendo una región predominantemente de ingreso medio, América Latina y el Caribe no se ha beneficiado de las soluciones multilaterales de alivio de la deuda y tiene acceso limitado a las opciones de financiamiento concesional, lo que provoca efectos especialmente adversos para las economías pequeñas y vulnerables, como los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDs por sus siglas en inglés) del Caribe”, agregó.
Bárcena enfatizó que “estamos frente a una década perdida con 203 millones de personas en pobreza y 78 en pobreza extrema” y viviendo “un momento muy delicado”. “Los países han invertido 4,6% del PIB para responder a la emergencia y 2,5% del PIB a garantías de crédito públicas para ayudar a contener impactos mayores, pero es un monto muy inferior a lo invertido por Europa o Estados Unidos”, indicó.
Por eso llamó a encontrar soluciones innovadoras para la recuperación sostenible y recordó las propuestas que la CEPAL ha presentado a los países para hacer frente a la crisis: acceso equitativo a las vacunas (acelerar la vacunación de todos tan pronto como sea posible), mantener los ingresos básicos de emergencia para los hogares vulnerables (al menos una línea de pobreza), cerrar la brecha digital de los 46 millones de hogares (que costaría 1% del PIB) y abordar la brecha externa de la región promoviendo la industrialización regional, alejándonos de la reprimarización de nuestras economías.
En este sentido, indicó que una de las iniciativas más importantes de la región que se está realizando a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), bajo la presidencia de México, es acelerar la producción de vacunas y medicamentos. “La CELAC nos ha pedido que hagamos una radiografía de las capacidades nacionales para ello y en eso estamos”, dijo.
Destacó asimismo el acuerdo alcanzado recientemente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aumentar los impuestos a las personas y empresas con más patrimonio. “Se debe redistribuir el ingreso y la riqueza con acciones decisivas. Los países desarrollados agrupados en la OCDE tomaron una decisión histórica: han adoptado una heterodoxia que la CEPAL ha impulsado por muchos años, que es el progresismo en la fiscalidad, poner impuestos a los más ricos. Bienvenido lo que ocurrió en la OCDE con este acuerdo de 130 países y de este impuesto a las multinacionales que nos va a beneficiar a todos”, declaró.
“En nuestra región también necesitamos una transferencia del 1% más rico al 1% más pobre a través de políticas fiscales progresivas y con eso podríamos termina la pobreza extrema en una década”, explicó Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó también la necesidad de aumentar la inversión, que hoy se encuentra en su nivel más bajo (18%), y llamó a invertir en sectores para generar sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Por ejemplo, hemos identificado que la transición hacia la energía renovable, que costaría 1,3% del PIB anual entre 2020 y 2032, generaría 7 millones de empleo y bajaría las emisiones de carbono en 30%”, enfatizó.
Insistió además en la importancia de realizar una profunda transformación en el sector educativo, en la salud y la infraestructura. “Debemos ir a la salud primaria, a la prevención, y sobre todo a la infraestructura del cuidado. No podemos dejar que las mujeres se hagan cargo de la sociedad del cuidado… Todo esto requiere construir nuevos pactos políticos y sociales. Debemos movernos hacia un sistema universal de protección social”, señaló.
