Este diálogo fue una instancia de reflexión dirigida a encargados de tomar decisiones, académicos y organizaciones de la sociedad civil con los objetivos de:
- Analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región a la luz de la crisis del COVID-19 y de sus posibles impactos sobre las personas mayores en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe.
- Intercambiar información en torno a las principales dificultades y desafíos que enfrentan los gobiernos para paliar los efectos de la crisis sanitaria y atender los requerimientos y necesidades de las personas mayores.
- Compartir experiencias y aprendizajes sobre las iniciativas implementadas en los países, en particular de las que han demostrado mayor éxito y eficacia a la hora de paliar los efectos de la pandemia sobre las personas mayores.
- Promover iniciativas de cooperación entre los países que permitan brindar respuestas coordinadas frente a la crisis del COVID-19, incorporando las lecciones aprendidas de la región y de otras regiones del mundo.
Mensajes clave del diálogo
Las y los participantes en el diálogo virtual, organizado en el ámbito de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe[1] instaron a abordar los derechos de las personas mayores como un asunto prioritario y destacaron los importantes aportes que estas hacen a la sociedad. Asimismo, llamaron a crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy, en particular en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha afectado especialmente a las personas de edad. Entre los mensajes más destacados se recogen los siguientes:
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Los participantes a cargo de inaugurar el diálogo virtual destacaron que las personas mayores están entre los grupos más afectados y más vulnerables a las consecuencias directas del COVID-19 en su calidad de vida. Esto ha incrementado los desafíos ya existentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, en el contexto de la crisis sanitaria y socioeconómica hay una necesidad urgente de proteger los derechos de las personas mayores, tanto a la salud como el propio derecho a la vida y a vivir la vejez con dignidad hasta el cierre del ciclo de vida. Asimismo, la evidencia científica demuestra que el riesgo de contagio para las personas mayores se incrementa mucho por la combinación y la interseccionalidad de factores demográficos y socioeconómicos. Entre ellos están el alto grado de hacinamiento en los hogares, la corresidencia intergeneracional, la falta de acceso a agua potable y a servicios de saneamiento adecuados, y el alto grado de concentración de la población en áreas urbanas, con grandes brechas en materia de vivienda y servicios básicos.
Por su parte, Julio Mazzoleni, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, en ejercicio de la Presidencia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, señaló que en el Paraguay se habían adoptado medidas muy tempranas desde el inicio de la crisis sanitaria en la región, reconociendo la fragilidad de su sistema de salud. Asimismo, se indicó que la pandemia debía abordarse desde varias miradas, incluido el aspecto económico y las medidas de contención social, puesto que eran necesarias para la recuperación. Ante la fuerte demanda a la que se había visto expuesto el sistema de salud como resultado de la crisis sanitaria, este había visto limitada su capacidad de respuesta a las emergencias en ámbitos distintos del COVID-19. Se destacaron también los efectos de la pandemia sobre la salud mental de la población y, en particular, sobre la población adulta mayor, y los desafíos que habían planteado el confinamiento y el aislamiento social.
Se indicó también que la pandemia ocurría en el contexto de la revolución demográfica caracterizada por el envejecimiento de la población mundial, y que, en ese sentido, el siglo XXI podía llamarse el siglo del envejecimiento. Se hizo hincapié en el riesgo que en este contexto de crisis sanitaria corrían los avances en materia de políticas en relación con el envejecimiento de la población, que permitirían usufructuar un segundo bono demográfico que podría ser incluso mayor y más sostenido que el primero. Asimismo, se dijo que era crucial analizar el impacto de la pandemia sobre el volumen de los ahorros realizados por las trabajadoras y los trabajadores para la etapa de su jubilación, que podían destinarse al financiamiento de las inversiones productivas, ya que corrían un fuerte riesgo de resultar afectados por la crisis.
Desarrollo del diálogo
El diálogo se desarrolló mediante las intervenciones de los panelistas, que orientaron sus intervenciones en función de las siguientes preguntas de guía:
- ¿Se cuenta con datos desagregados sobre las personas mayores afectada por el COVID19?
- ¿Qué acciones ha implementado el Estado para reducir el impacto potencial de la pandemia sobre las personas mayores y sus familias?
- ¿Qué dificultades y desafíos existen para incorporar a las personas mayores a las medidas y los programas implementados?
- ¿Cuáles son los desafíos a corto y mediano plazo para la política pública que se desprenden del impacto de la COVID19 sobre las personas mayores?
La primera expositora, Emiliana Rivera, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) de Costa Rica, se refirió a las acciones del Estado costarricense dirigidas a reducir los impactos de la pandemia sobre las personas mayores, así como a los desafíos para incorporarlas en las medidas y programas implementados. Destacó el papel de la institucionalidad pública creada en el país en relación con las personas mayores, que había permitido impulsar cambios cualitativos y cuantitativos en la promoción, atención y cuidado de este grupo de población. En este sentido, destacó que uno de los avances más significativos había sido la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como ley de la República. Resaltó también el apoyo decidido de la sociedad civil y de la empresa privada, así como la necesidad de una participación activa de las propias personas mayores y su empoderamiento para exigir el cumplimiento de sus derechos humanos.
A continuación, Muriel Abad Andrades, Jefa de División de Planificación, Desarrollo y Control del Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA) de Chile, se refirió a las diversas medidas sanitarias y protocolos adoptados para proteger a las personas mayores, como el aislamiento de todos los residentes de los establecimientos de larga estadía de adultos mayores y la cuarentena obligatoria para los mayores de 75 años. En este contexto, destacó la estrategia dirigida a dichos establecimientos, cuyo objetivo había sido prevenir y mitigar el impacto del COVID-19 en los residentes. Asimismo, resaltó la coordinación con distintos actores para fortalecer las acciones en diferentes ámbitos, por ejemplo a nivel territorial, intersectorial, público-privado, interministerial y con organizaciones de las personas mayores.
Por su parte, Cynthia Vila Ormeño, Directora General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú, señaló que la pandemia había sorprendido la capacidad de atención de los servicios de salud y la capacidad de reacción frente a la crisis. Además, había evidenciado la informalidad y las estructuras sociales débiles existentes en ciertos sectores de la población, un cuadro de situación ante el que cualquier acción resultaba insuficiente. Entre las medidas de protección implementadas, explicitó el ingreso a centros de atención residencial, el apoyo legal, la entrega de donaciones y la reinserción familiar. En relación con los centros de atención para personas adultas mayores, reconoció la existencia de una alta informalidad en el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía en todo el país, lo que constituía un reto que se había agudizado con la pandemia.
Para concluir, en la ronda de intervenciones de los representantes de los países, Alberto Fernández Seco, Jefe del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Cuba, señaló que el seguimiento diario sistemático de los primeros casos diagnosticados en el país durante el mes de marzo había permitido realizar la vigilancia epidemiológica para garantizar el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Entre las fortalezas, destacó la gratuidad del sistema de salud y la disponibilidad de nueve médicos por cada 1.000 habitantes, lo que había permitido la cobertura del 100% de la población. También mencionó los aportes de la industria médico-farmacéutica y biotecnológica, con productos novedosos para el tratamiento de la enfermedad, lo que había permitido que el país se mantuviera en un escenario favorable frente a la pandemia. En cuanto a las mayores dificultades, destacó el elevado nivel de envejecimiento del país, con casi un 21% de personas mayores en el total de la población, y la elevada cifra de personas mayores que vivían solas.
Lucio Eduardo Díaz, de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez, RED CORV, brindó un breve panorama de la evolución de la pandemia en Chile y de los problemas de la estrategia que el Estado había adoptado inicialmente. Entre otras limitaciones y deficiencias, destacó que las cuarentenas sanitarias y el encierro obligado habían propiciado un deterioro gradual de la salud física y mental de las personas mayores, sumado a la acumulación de enfermedades crónicas, que conducían a una pérdida gradual de la autonomía y a la limitación funcional. Por otro lado, resaltó que las residencias de larga estadía, las casas de reposo y otras expresiones de institucionalidad para las personas mayores habían mostrado una ausencia tanto de los protocolos adecuados como de los recursos necesarios. Entre los cambios positivos señaló la incorporación de actores que inicialmente habían estado al margen, como el Colegio Médico de Chile, la Asociación de Municipios de Chile, la red de Atención Primaria en Salud, las asociaciones de trabajadores de la salud y expertos salubristas, entre otros.
Por último, Verónica Montes de Oca, Investigadora Titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se refirió al impacto del COVID-19 en las personas mayores en dicho país. En relación con la estrategia nacional contra la pandemia, destacó la acción coordinada intersectorial y público-privada, el confinamiento voluntario, junto con la regionalización y la información permanente, el mantenimiento y abastecimiento de insumos, la reconversión de hospitales normales en hospitales para COVID-19, la contratación de profesionales de la salud para reducir el déficit sanitario, y la responsabilidad de las autoridades estatales en las acciones territoriales ante el COVID-19. Entre las consecuencias sociales de la pandemia, explicitó los nuevos procesos de exclusión y discriminación, los nuevos formatos de discriminación por edad, la violencia hacia los profesionales de la salud y hacia las mujeres, la necesidad de repensar el tema de las masculinidades, la pobreza, los nuevos procesos de exclusión de las mujeres en su reubicación en los procesos de cuidado, y el debilitamiento de la igualdad y de los derechos humanos.
Las preguntas dirigidas a los panelistas abordaron diferentes aspectos y dimensiones de la protección de las personas mayores. Entre otras, se planteó cuáles habían sido las estrategias implementadas para llevar las acciones a los ámbitos de intervención local y, en ese marco, qué rol habían desempeñado las personas mayores. También se consultó cuáles habían sido las estrategias implementadas en relación con el cuidado de las personas mayores y cómo se había apoyado a las cuidadoras informales que, en algunos casos, habían debido dejar su trabajo formal para dedicarse al cuidado de personas mayores. En relación con la esfera institucional, se consultó sobre los espacios y los mecanismos habilitados por los gobiernos para que las organizaciones de personas mayores participaran en la elaboración y la implementación de las medidas tendientes a paliar los impactos de la pandemia sobre este grupo poblacional.
El cierre del diálogo estuvo a cargo de Julio Borba, Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, que señaló que también habían tenido que replantear varias acciones a fin de reforzar la protección de la población adulta mayor en el país. Sostuvo que la pandemia había dejado expuestas las debilidades y fragilidades de los sistemas de protección social, agudizando aún más las desigualdades y las brechas existentes en la región. Por último, destacó la necesidad de estimular la formación y la actualización permanente de los recursos humanos abocados al servicio, al cuidado y al fortalecimiento de la salud integral de las personas mayores.
[1] Véase [en línea] https://www.cepal.org/es/eventos/dialogo-virtual-desafios-la-proteccion-personas-mayores-sus-derechos-frente-la-pandemia.