En contexto de pandemia, las vulnerabilidades a lo largo del ciclo migratorio se exacerban. Además de los ya conocidos riesgos en el destino y el retorno, que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013 destacó entre sus medidas prioritarias, ahora se añaden otros relacionados con la pandemia, tales como los riesgos ante la pérdida de empleo; la caída del empleo doméstico remunerado entre las mujeres; la sobre representación de trabajadores migrantes en labores de “primera línea”; las detenciones indefinidas; la negación de documentación necesaria para la atención de salud, las condiciones habitacionales y la estigmatización en las comunidades de origen ante las personas.

En el marco de las especificidades de cada país, es importante considerar el papel de la migración en la recuperación económica y social en el marco de la reconstrucción de unas sociedades profundamente afectadas por las obligadas medidas sanitarias. La región tiene que aspirar a la construcción de una sociedad mejor después de la pandemia, que promueva la inclusión social de las personas migrantes sin discriminación alguna, y les provea de protección social universal, incluyendo el acceso a sistemas de salud y educación, así como a la seguridad social y la portabilidad de pensiones.