La crisis sanitaria global producto de la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia el rol fundamental de agricultura familiar (AF) en la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). La pandemia impone la necesidad de contar con estrategias innovadoras de adaptación y resiliencia que permitan mantener la estabilidad en las cadenas de suministro de alimentos. El escenario actual exige de los Estados respuestas oportunas y pertinentes para la reactivación de las economías nacionales, en parte mediante una mayor articulación entre las compras públicas a la AF.
Las compras públicas son un canal de comercialización accesible y una fuente de ingresos para la AF, que le permite no solo invertir en la producción y la productividad, sino también mejorar sus medios de vida y dinamizar las economías locales. La agricultura familiar se enfrenta a mercados imperfectos que dificultan el acceso, muchas veces remuneran mal y reproducen estructuras de dominación que frenan las innovaciones en los territorios rurales. Junto con las compras públicas, otros cambios también contribuyen al desarrollo del sistema alimentario. Éstos incluyen la creciente importancia de la participación social como forma de legitimación política, la digitalización de la agricultura y del mundo rural y la venta a través de circuitos cortos. Todos estos avances constituyen una base para pasar a una nueva etapa de desarrollo, en donde las organizaciones de Comercio Justo podrían conectarse con los sistemas de compras públicas, aprovechando sus capacidades logísticas y comerciales.
En este estudio, Programas de compras públicas a los agricultores familiares ¿Un nuevo canal de ventas para el comercio justo?, que analiza experiencias en países de la región de América Latina y el Caribe, se comparan programas de compras públicas a la AF en varios países de América Latina: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, México y República Dominicana. Se utiliza un enfoque académico en términos de presentar conceptualizaciones, tendiente a relevar acciones fundamentales, aprendizajes y buenas prácticas para la replicabilidad o escalabilidad de las iniciativas analizadas. Se ofrece una perspectiva multinivel desde el nivel local (municipal), regional, nacional y supranacional (cooperación internacional). Se focaliza el análisis en la complementariedad entre los actores del circuito de compras públicas: la agricultura familiar y sus organizaciones, el movimiento por un Comercio Justo, los mercados locales, los nuevos intermediarios, los programas públicos de asistencia y los compradores institucionales públicos. El estudio pretende contribuir al debate sobre el rol del Estado como actor de consumo responsable e inclusivo para incrementar las ventas locales y nacionales de los pequeños productores. Esto, en un contexto en que solo una parte menor de la producción de este sector accede a precios por sobre el promedio del mercado. El estudio verifica que las experiencias analizadas han sido exitosas y pueden ser escaladas con relativa facilidad, aprovechando las capacidades logísticas y comerciales de las entidades afiliadas a la entidad Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo (CLAC). No obstante, para realizarlo se requiere de estrategias y de políticas públicas adecuadas. Por un lado, se precisa que en las licitaciones públicas las autoridades contratantes puedan utilizar criterios de selección fundados sobre consideraciones que vayan más allá del mercado y que tengan consideraciones mediambientales y sociales.Por otro lado, se requiere de una política de fomento productivo que ayude a superar las barreras de entrada a estos sistemas.
