Nuevo informe conjunto del Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
 

Panamá/Santiago de Chile – Un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela el potencial transformador de las compras públicas de alimentos a pequeños productores para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe.

La agricultura familiar representa el 81 por ciento de las explotaciones agrícolas en la región, pero enfrenta desafíos persistentes como la baja productividad, el acceso limitado a mercados y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. Al canalizar el gasto público hacia este sector, los gobiernos crean una demanda estructurada que estimula la producción, diversifica las dietas y genera un crecimiento económico inclusivo.

A pesar de los avances —1,5 millones de personas en América Latina y el Caribe dejaron de padecer hambre en 2024—, aún hay 181,9 millones aún no pueden costear una dieta saludable y la pobreza rural continúa siendo preocupante. Las compras locales ofrecen una solución rentable al aprovechar los presupuestos públicos para proporcionar alimentos nutritivos mientras se fomenta el desarrollo económico y social.

“Las compras públicas a pequeños productores son más que un mecanismo de suministro: son una poderosa herramienta para la inclusión y la resiliencia”, afirmó Lola Castro, Directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe. “Las compras locales inclusivas multiplican las oportunidades económicas para las comunidades, salvaguardan el patrimonio culinario y contribuyen a la salud pública, ya que los productos se cosechan en su punto óptimo y tienen un tiempo de traslado más corto desde la granja hasta el consumidor, lo que resulta en un mayor valor nutricional”, agregó.

Los países que destinan parte de sus presupuestos de compras públicas de alimentos a productores locales de la agricultura familiar obtienen beneficios significativos: los productores participantes pueden aumentar sus ingresos hasta en un 106 por ciento (como en el caso de Brasil), mientras que se generan 478 empleos por cada millón de dólares invertido (como en Honduras y Guatemala). Este enfoque convierte el gasto rutinario del gobierno en un poderoso motor para el desarrollo rural, creando mercados estables para los agricultores a pequeña escala y promoviendo un crecimiento económico inclusivo.

Los beneficios van más allá de lo económico. En Brasil, el Programa Nacional de Alimentación Escolar adquiere más del 97 por ciento de alimentos frescos o mínimamente procesados, mejorando la nutrición de millones de estudiantes, mientras que la participación femenina en los mercados públicos de alimentos ha aumentado del 23 al 61 por ciento, demostrando que estas políticas pueden promover la equidad.

Para escalar el impacto que pudieran tener las compras públicas, es clave que estas se enmarquen en políticas de desarrollo productivo que impulsen la transformación productiva del sector agrícola y de alimentos. De esa manera, se aprovecharían sinergias entre las compras públicas y los demás esfuerzos de desarrollo productivo en materia de ciencia, tecnología, innovación, extensionismo tecnológico, talento humano, financiamiento, calidad, entre otros. 

Como afirma Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, “no basta con conectar a los productores con los mercados; se requieren políticas que fortalezcan sus capacidades productivas, tecnológicas y organizativas. Solo así podrán mejorar su productividad, integrarse en cadenas dinámicas y sostenibles e incrementar sus ingresos, mientras se impulsa el aumento de la producción, se reducen los precios para los consumidores y se contribuye a garantizar la seguridad alimentaria de la población”.
 
Con el 3 por ciento del gasto público total —alrededor del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto— ya asignado a la compra de alimentos, adquirir productos de la agricultura familiar ofrece una oportunidad única para fortalecer los sistemas alimentarios, aumentar la resiliencia y generar un impacto social duradero en la región. Con un promedio de 3 por ciento del gasto público total —alrededor del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto— ya asignado a la compra de alimentos, adquirir productos de pequeños agricultores ofrece una oportunidad única para fortalecer los sistemas alimentarios, aumentar la resiliencia y generar un impacto social duradero en la región.

Para el Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Rene Orellana Halkyer, “Las compras públicas locales de alimentos provenientes de la agricultura familiar representan una política clave para avanzar en esa dirección, ya que permiten articular la demanda del Estado con la oferta local, redefiniendo la manera en que el gasto público puede impulsar el desarrollo y la nutrición en nuestra región. Sin embargo, enfrenta barreras estructurales como la baja productividad, el acceso limitado a los mercados y una alta vulnerabilidad climática, que requiere políticas como las compras públicas”.

El informe insta a los responsables de políticas, organismospara el desarrollo y la sociedad civil a adoptar enfoques sistémicos basados en evidencia que integren la compra local en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo rural.