Comunicado de imprensa
Contexto
En los últimos años, América Latina y el Caribe ha enfrentado una serie de crisis que incluyen la pandemia de COVID-19 y un número creciente de desastres. Esto se inserta en un contexto regional marcado por una crisis del desarrollo, constituida por tres trampas: i) bajos niveles de crecimiento, ii) alta desigualdad y baja movilidad social, y iii) debilidad institucional y de gobernanza. Estos fenómenos han impactado en áreas fundamentales de la vida cotidiana de las personas, lo que ha supuesto desafíos para los sistemas de protección social de los países en su doble capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres de diversa naturaleza, y de abordaje de las necesarias transformaciones estructurales que la región requiere para consolidar estrategias tendientes al desarrollo de capacidades humanas. Ante una estructura de riesgos en reconfiguración debido a la crisis climática, los desafíos de la transformación digital, la transición demográfica y los cambios en el mundo del trabajo, entre otros múltiples factores, el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información social y, en particular, de los registros sociales, es clave para el diseño y toma de decisiones en las políticas de protección social, incluyendo la oportuna respuesta ante crisis y desastres.
En el marco del Proyecto CEPAL-BMZ/giz “Transformación económica productiva, ecológica y socialmente justa” se busca avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los países para diseñar sistemas de protección social frente a los desafíos de una transición justa con enfoque de género y de ciclo de vida, viabilizando la implementación de estrategias que permitan avanzar en la región hacia la inclusión laboral y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En este marco, los sistemas de información social juegan un rol clave para tomar decisiones para el diseño de las mejores políticas sobre la base de evidencia.
Como se señala en el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 la inclusión laboral es simultáneamente un objetivo y un componente de los sistemas de protección social1. El diseño de sus políticas demanda la disponibilidad de información pertinente sobre las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad para identificar las barreras de acceso al mercado laboral que estas enfrentan y adecuar la oferta programática a sus necesidades. En contextos de emergencia y ante las transformaciones que se experimentan en el mundo del trabajo, y debido a la revolución tecnológica y la crisis climática, será fundamental contar con mecanismos que permitan la rápida activación de programas y acciones que permitan a los sistemas de protección social contar con respuestas preventivas y para la mitigación y adaptación frente a procesos de cambio y emergencias. De acuerdo con información de la base de Base de Datos de Programas de Protección Social no Contributiva en América Latina y el Caribe, entre 2010 y 2022, el número de programas de inclusión laboral destinadas a la población en situación de mayor vulnerabilidad en la región se incrementó de 70 a 1172. Cabe destacar que, durante la pandemia, junto con implementar medidas tendientes a la protección del empleo formal, al menos 15 países de la región también pusieron en marcha medidas de emergencia no contributivas para la inclusión laboral3. Asimismo, la CEPAL (2024) ha estimado que, de no mediar políticas activas y robustas para hacer frente a sus repercusiones, el cambio climático puede conllevar una pérdida relativa de empleo equivalente a 42,7 millones de puestos de trabajo4.
Frente a estos desafíos, los registros sociales son herramientas fundamentales de los sistemas de protección social. Junto con permitir incorporar variables relativas al riesgo que enfrentan hogares y poblaciones ante las posibles implicancias del cambio climático y la mayor exposición que pueden tener las y los trabajadores ante las transformaciones en curso, pueden apoyar de manera sustantiva el quehacer del conjunto de instituciones públicas involucradas en el diseño de políticas para la inclusión laboral. Dichos registros permiten coordinar el trabajo entre las diversas instituciones, facilitando las sinergias, permitiendo la identificación de las personas potencialmente usuarias de los diversos programas, reduciendo los costos de transacción y mejorando la eficiencia de los sistemas de entrega de las prestaciones de protección social. En resumen, la ampliación de la cobertura de los registros sociales y su integración constituyen una herramienta vital para maximizar el impacto de la política de protección social y avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.
Objetivo
Este evento paralelo tiene por objetivo promover el intercambio de estrategias exitosas y reflexionar sobre los desafíos para avanzar en la ampliación de la cobertura de los registros sociales, así como la integración de bases para los sistemas de información social que permitan avanzar en la inclusión de la población en situación de mayor vulnerabilidad en las políticas de inclusión laboral. El evento espera proporcionar un espacio de discusión sobre los elementos a considerar en la implementación de registros sociales universales y sistemas de información social que sean pertinentes para la implementación de estas políticas, potenciales variables que podrían ser incorporadas en estos instrumentos, así como discutir cómo las herramientas tecnológicas disponibles pueden contribuir a expandir en su interior la cobertura de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Metodología
La sesión se estructurará sobre la base de una ronda de intervenciones donde las y los panelistas compartirán su experiencia en relación con las siguientes preguntas sugeridas:
1. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos institucionales para el proceso de expansión de cobertura de registros sociales hacia población en situación de vulnerabilidad? (abordando elementos institucionales, de coordinación y de financiamiento) ¿Considera que el autorreporte es una herramienta útil para avanzar hacia la cobertura universal de los registros sociales?
2. Frente a los desafíos de las transformaciones en el mundo del trabajo, la crisis climática y los desastres, ¿qué rol juegan y podrían jugar los registros sociales para el diseño de las políticas de inclusión laboral en los países de la región?
Se sugiere que las y los panelistas puedan ahondar en estas preguntas sobre la base de la experiencia de sus países. Al cierre dos comentaristas profundizarán en estos elementos sobre la base de la experiencia regional.
1Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023 (LC/PUB.2023/18-P/Rev.1), Santiago, 2023.
2Véase [en línea] https://dds.cepal.org/bpsnc/
3De acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, base de datos [en línea]: https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/, “Medidas de protección social para enfrentar el COVID-19”, Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe, base de datos [en línea]: https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php
4Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024 (LC/PUB.2024/10-P), Santiago, 2024.
1 nov 2024
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Apertura y bienvenida a la reunión
De 14:30 até 14:40Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL
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Experiencias y desafíos institucionales de los registros sociales en un contexto de crisis en cascada y transformación digital de los sistemas de protección social
De 14:40 até 15:20Kirk Humphrey, Ministerio de Empoderamiento de las Personas y Asuntos de la Tercera Edad de Barbados (por confirmar)
Javiera Toro, Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile
Yorleni León, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica
Tadeo Rojas, Ministro de Desarrollo Social del Paraguay
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Preguntas y comentarios de cierre
De 15:20 até 15:30Luis Tejerina, División de Protección Social y Salud, BID
Amalia Palma, División de Desarrollo Social, CEPAL