Los desafíos económicos en el Caribe se pueden vincular en gran medida con la vulnerabilidad externa de la región, señala el informe La resiliencia y los flujos de capital en el Caribe (disponible solo en inglés), difundido por la Oficina de Washington de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe, enfocado en el acceso de la región al financiamiento externo y en cómo mejorarlo como parte de la respuesta global a sus desafíos de desarrollo, analiza las tendencias en los flujos internacionales de capital hacia el Caribe en los últimos años –incluyendo los flujos de cartera y la inversión extranjera directa– en el contexto de una caída en la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) y de la creciente importancia de los flujos de capital privado en el entorno externo global; los desafíos respecto del financiamiento para el desarrollo y la necesidad de canalizar recursos hacia la Agenda 2030, y la vulnerabilidad y fragilidad de la región caribeña y la necesidad de fortalecer su resiliencia.
Según el estudio, los flujos netos de AOD al Caribe han seguido una trayectoria a la baja desde 1990. La contraparte de esta tendencia ha sido la creciente importancia de los flujos de capital privado hacia la región. La inversión extranjera directa y las remesas se convirtieron en las principales fuentes de flujos de financiamiento externo en la década de los 90, y siguen siéndolas hasta hoy. Los flujos de cartera, en cambio, han sido más volátiles y representan una porción mucho menor del total.
Este informe examina el papel de los flujos de cartera privada en la movilización de recursos y el acceso del Caribe a los mercados internacionales de deuda en particular, profundizando en las características clave de los títulos de deuda caribeños, como los diferenciales (spreads), las calificaciones crediticias y el volumen de emisión.
En su mayor parte, el acceso de los países caribeños a los mercados internacionales privados de deuda durante y después de la crisis financiera global resultó ser más caro y más acotado de lo que fue para muchas de las economías más grandes de América Latina. Durante la crisis financiera global, los diferenciales de deuda del Caribe aumentaron mucho más que los del resto de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Los países caribeños también experimentaron más rebajas en la calificación de su riesgo crediticio y muchos de ellos todavía no han recuperado sus calificaciones anteriores. Debido a que muchas de sus economías cuentan con mercados de capitales pequeños y subdesarrollados, las calificaciones crediticias potencialmente pueden jugar un papel importante en las decisiones de los inversores hacia la región.
Además, a pesar de una emisión récord de la región ALC en su conjunto desde 2009, la emisión de deuda por parte de los países caribeños sigue siendo una porción pequeña del total, explica el informe. De 2000 a 2017, la emisión del Caribe alcanzó 32 mil millones de dólares y representó tan solo 2,5% del total de ALC. Solo hubo siete países caribeños que recurrieron a los mercados internacionales de deuda en ese período, y los tres emisores más grandes de la región fueron Jamaica, Trinidad y Tabago y Bahamas. Con respecto a la emisión corporativa, solamente las empresas basadas en cuatro países caribeños –Jamaica, Trinidad y Tabago, Barbados y Bahamas– accedieron a los mercados internacionales de bonos, y más de 90% de las emisiones corporativas del Caribe fueron realizadas en dos sectores: telecomunicaciones y energía.
Dado que solo unos pocos países caribeños accedieron a los mercados internacionales en los últimos años, los flujos de cartera privada se suelen pasar por alto como fuente de financiamiento externo por su volatilidad y su papel pequeño. Sin embargo, el informe indica que a través de instrumentos de valor innovadores –como los canjes de deuda o bonos verdes, entre otros– y de mayor cooperación entre los países, y con la comunidad internacional, los flujos de cartera privada podrían jugar un papel más importante en la movilización de recursos del Caribe para la implementación de la Agenda 2030.
