Discapacidad en América Latina y el Caribe,
desafíos para las políticas públicas

Foto: Tunelko/Flickr

Según los datos de la ronda censal 2010, la prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 23,9% en Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en Aruba. En total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, según cifras recogidas de distintas fuentes estadísticas de la región, no siempre comparables entre sí.

Una visión panorámica sobre las condiciones en que viven las personas con discapacidad en la región presenta la CEPAL en su estudio Panorama social de América Latina 2012 publicado recientemente. Por primera vez este organismo de las Naciones Unidas dedica un capítulo de este informe anual a examinar la información disponible sobre este grupo en el contexto regional.

La CEPAL enfatiza, en primer lugar, la necesidad de fortalecer los procesos de armonización de la medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe, de modo de tener información comparable.

Contar con estadísticas confiables resulta vital si se considera que la proporción de personas con discapacidad se incrementaría debido al envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida. "Esto permite prever una presión creciente sobre el cuidado en los hogares, sobre las redes disponibles y los limitados recursos y servicios que el Estado destina a estos fines", advierte el reporte. La pobreza, los conflictos armados, la violencia urbana y la violencia de género son también causas no menores de discapacidades.

Entre la población de la región prevalecen las limitaciones visuales y de movilidad, seguidas por las deficiencias de la audición y el habla en América Latina y por las dificultades relacionadas con las funciones mentales y la destreza en el Caribe, según información censal de 18 países.

De acuerdo con el estudio, las personas con deficiencias cognitivas y mentales o con poca capacidad de autocuidado son las que encuentran más obstáculos para integrarse a la actividad económica y social. La discapacidad visual y la motora son las que menos impacto negativo tienen en el acceso a la educación y el empleo.

Además de las mujeres, los grupos más vulnerables en términos económicos y sociales muestran tasas más altas de discapacidad en la región. Hablamos de los adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas con menores ingresos.

En más de la mitad de los países de la región, las mujeres registran una tasa de prevalencia de discapacidad superior a la de los hombres, especialmente a partir de los 60 años. Según el informe, esta situación podría obedecer a dos hechos.

Por un lado, la mayor esperanza de vida de las mujeres aumenta la posibilidad de tener una discapacidad generada por un accidente o una enfermedad crónica y, por el otro, las mujeres viven las etapas avanzadas de su vida en un contexto de mayor vulnerabilidad económica, lo que potencia aún más el riesgo de que cualquier deficiencia de salud se transforme en discapacidad.

Asimismo, las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre los más pobres. En tres países de América Latina -Chile, Costa Rica y México- las encuestas de hogares de los últimos años muestran una creciente prevalencia de la discapacidad en los primeros quintiles de ingreso a medida que aumenta la edad de las personas.

"Esto implica que existen factores de contexto que van ejerciendo un efecto cada vez mayor conforme se avanza en el ciclo de vida, donde los recursos económicos y sociales claramente pesan para poder anticiparse a una vejez con mayor o menor autonomía. Por tal razón, tanto más importante resultan las políticas que puedan contrapesar estas diferencias de trayectorias según el nivel de ingreso de las personas", señala el informe de la CEPAL.

La publicación también describe los tipos de programas de cuidado que ofrecen los gobiernos de la región, que van desde servicios de atención domiciliaria para las personas con discapacidad y sus familiares hasta programas de educación y empleo, entrega de ayuda técnica de forma directa o subsidiada y adaptación de viviendas, entre otros.

"Si bien un porcentaje apreciable de personas con discapacidad en la región viven solas, la gran mayoría recibe este cuidado y apoyo por parte de miembros de su familia inmediata bajo distintos arreglos de convivencia. Esta situación tiene un efecto importante en el bienestar tanto emocional como financiero de la familia, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la oferta de servicios de cuidado por parte del Estado, el mercado y las organizaciones civiles", concluye el estudio.