La institucionalidad social engloba al conjunto de reglas y estructura organizacional sobre (y con) las cuales se gestiona la política social, desde el diagnóstico y la priorización de objetivos hasta la implementación y la evaluación de sus resultados. En base a las cuatro dimensiones que la componen (jurídico-normativa, organizacional, técnico-operativa y financiamiento), y considerando tanto el ámbito nacional y subnacional como el regional e internacional, la institucionalidad social genera las condiciones de base para el éxito de la política pública en general, de las políticas sociales en particular. Se destaca por tanto como elemento central para avanzar en la dimensión social del desarrollo sostenible y el logro de los objetivos de la Agenda 2030 y es además un eje prioritario de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. En base a la experiencia analítica, el trabajo con los países y una continua sistematización de información, la institucionalidad social conforma un eje estratégico de trabajo en la División de Desarrollo Social con miras a avanzar hacia políticas públicas de calidad, labor que engloba tanto una mirada al conjunto de la política social como a áreas temáticas y segmentos poblacionales seleccionados.