Durante el martes 19 y miércoles 20 de marzo de 2024, se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua un curso de capacitación sobre Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Dirección General de Contrataciones del Estado.
El curso contó con dos secciones diferenciadas: Una dirigida a los equipos técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) encargados de la evaluación de los proyectos de inversión, y otra destinada a funcionarios responsables de la formulación de los proyectos de inversión pública y sectorialistas. Ambas secciones tuvieron un enfoque teórico-práctico, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en el cálculo y aplicación del precio social del carbono.
El objetivo principal de esta capacitación fue fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública en la estimación y actualización del Precio Social del Carbono. Los instructores del curso presentaron los diferentes temas haciendo énfasis en los aspectos conceptuales y metodológicos, además de poner en práctica herramientas de cálculo de evaluación social de proyectos de inversión pública aplicando el precio social del carbono.
El trabajo realizado por la Dirección General de Inversión Pública de Nicaragua, en colaboración con expertos regionales y el apoyo del Programa Euroclima de la Unión Europea, para estimar y aplicar el Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública, representa un paso significativo hacia un desarrollo más sostenible y resiliente al cambio climático. Esta herramienta no solo contribuye a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también promueve la transición hacia una economía baja en carbono y en línea con los compromisos internacionales del Acuerdo de París.
La CEPAL, en colaboración con el Programa Euroclima, ha estado promoviendo la implementación del precio social del carbono en la región, con el objetivo de incorporar consideraciones climáticas en la toma de decisiones en cuanto a la evaluación de las inversiones públicas. El trabajo realizado hasta la fecha ha demostrado el impacto positivo que esta herramienta puede tener en la calidad de la inversión pública en sectores clave como energía, transporte e infraestructura para hacerla coherente con los objetivos climáticos.