Los más de 800 pueblos indígenas presentes en América Latina deben tener un rol protagónico en los espacios de toma de decisiones no solo para resguardar su derecho a la autodeterminación, sino también por los grandes aportes que pueden hacer en la reformulación de los modelos de desarrollo, destacaron hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) en una publicación conjunta.
El estudio “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC, en un lanzamiento virtual que fue moderado por Javier Ciurlizza, Director de la Oficina de la Fundación Ford para la región Andina.
El estudio de la CEPAL y el FILAC visibiliza la situación de los pueblos indígenas y presenta un panorama actualizado sobre el estado de los derechos territoriales y la situación de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina, con el propósito de contribuir al seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes que se requieren para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.
Según el documento, la población indígena en América Latina - Abya Yala se estima en 60 millones de personas, que representan un 10% del total de la región, las que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas diferentes.
Agrega que, a 30 años de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a pesar de que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito.
El estudio precisa que uno de los más importantes retos que enfrentan los países de la región es la construcción de sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, en que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente reconocidos y garantizados.
“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las naciones del mundo en 2015, puede constituir una gran oportunidad para ello, si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, subraya el documento.
Con ese fin, insta a generar condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente y materialicen el compromiso asumido por los países del mundo en 2014 —en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas— de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Durante el lanzamiento del estudio, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, llamó a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas de América Latina y asegurar que no se queden atrás en el desarrollo sostenible.
Advirtió que los procesos de criminalización de demandas territoriales de los pueblos indígenas son un fenómeno generalizado en la región, los que lamentablemente están en aumento.
Precisó que en América Latina existen 1.223 conflictos territoriales que han generado movilizaciones de los pueblos indígenas, a las que se ha respondido con represión y criminalización. Producto de ello, 232 defensores y defensoras de la vida y los territorios indígenas fueron asesinados entre 2015 y el primer semestre de 2019, lo que implica que, en promedio, cuatro defensores o defensoras indígenas son asesinados por mes en la región.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas advirtió que la población indígena continúa padeciendo un mayor nivel de pobreza respecto de la no indígena y que las desigualdades salariales entre trabajadores indígenas y no indígenas se profundizan según nivel de escolaridad y género.
“Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó.
Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC, por su parte, destacó que el documento refleja una realidad que la pandemia del COVID-19 ha desvelado: la agudización del racismo, la visibilización de la desigualdad que hay entre pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad y la crisis del modelo económico vigente en nuestra región.
“El documento aporta elementos que nos pueden ayudar no solo a responder a la situación actual de emergencia, sino comenzar en serio como región a reconocer los aportes de los pueblos indígenas que se basan en sus potencialidades, en sus conocimientos tradicionales, en su capacidad de gobernanza y de articulación entre lo nacional, lo local y lo internacional”, expresó.