23 avr 2019 Santiago, Chile | Mesas Directivas
“Acceder a cualquier tipo de empleo remunerado —ya sea asalariado o por cuenta propia— no es garantía de superación de la pobreza en América Latina y el Caribe”, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo libro titulado Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral. Aprendizajes desde América Latina y el Caribe.
Según el documento, el problema radica en que los hombres -y especialmente las mujeres- que viven en situación de pobreza no logran acceder al trabajo decente: con frecuencia trabajan en sectores de baja productividad, en ambientes a menudo inseguros, sin que se respeten sus derechos básicos y sin ganar lo suficiente para garantizar condiciones de subsistencia y un futuro mejor para sí mismos y sus familias.
En este contexto, “los programas de protección social no contributiva representan un elemento fundamental de las estrategias y políticas de superación de la pobreza en los países de la región”, subraya la CEPAL, que llama a “deconstruir la tesis de la ‘flojera’ como causa principal de la pobreza” al momento de diseñar e implementar políticas públicas de inclusión social y laboral.
La publicación examina tres tipos de programas de protección social no contributiva (dirigidos principalmente a quienes viven en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad): los programas de transferencias condicionadas, los programas de inclusión laboral y productiva, y las pensiones sociales.
Los programas de transferencias condicionadas surgieron a mediados de la década de 1990 en la región y hoy suman 30 en 20 países de América Latina y el Caribe. En 2017 estos programas alcanzaban al 20,7% de la población total de la región, es decir, a 133,5 millones de personas de 30,2 millones de hogares.
Paralelamente, según la Base de Datos de Programas de Protección Social no Contributiva en América Latina y el Caribe gestionada por la CEPAL, a diciembre de 2017 se estaban implementando al menos 72 programas de inclusión laboral y productiva en 21 países de la región. Por su parte, la cobertura de las pensiones sociales se incrementó del 11,7% de las personas de 60 años y más en 2000 (correspondiente a 5 millones de personas) al 25,1% en 2017 (19,3 millones de personas).
Estos programas, sostiene el documento, no solo buscan mejorar los ingresos de las familias participantes, sino también promover el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente, elementos clave para avanzar hacia niveles cada vez más altos de inclusión y participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos.
Según los últimos datos disponibles incluidos en el informe Panorama Social de América Latina 2018 de la CEPAL, el 30,2% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza en 2017 (10,2% de este total vivía en la extrema pobreza). Del mismo modo, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo.
“Pese a que persisten enfoques que ponen el acento en la necesidad de un Estado mínimo, en el principio de subsidiariedad, la preeminencia del mercado y el impulso de políticas sociales como un instrumento marginal, cada vez es más evidente que por esa ruta no se reducen las desigualdades ni se supera la pobreza, y que es necesario pensar una institucionalidad y políticas sociales que enfrenten los problemas del actual estilo de desarrollo y los desafíos que emanan de los cambios globales”, remarca Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el prólogo del documento.
El libro, que se realizó en el marco de las actividades del proyecto sobre Educación y formación técnico-profesional para una mayor igualdad en América Latina y el Caribe, implementado por la CEPAL y el Gobierno de Noruega, representa, además, una contribución al intercambio de experiencias y las deliberaciones de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión.