Tras veinte años de esta conmemoración, la toma de conciencia ya no es el principal reto. El llamado es a construir las instituciones, las políticas y los sistemas de apoyo necesarios para proteger a las personas mayores y prevenir el maltrato antes de que ocurra, tal como señalado en un acto en el marco del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores 2026” llevado a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El abuso, el maltrato, la discriminación y el aislamiento social continúan afectando a millones de personas mayores en todo el mundo. Aunque estas situaciones suelen permanecer ocultas, sus consecuencias son profundas y afectan la salud, el bienestar, la autonomía y la participación social. Prevenir el maltrato requiere, por tanto, mucho más que reconocer la existencia del problema. Es necesaria una acción sustentada en normativas, políticas públicas e instituciones capaces de reducir vulnerabilidades, fortalecer la autonomía y garantizar los derechos de las personas mayores a lo largo de todo el curso de vida. Esto implica crear entornos en los que las personas mayores puedan vivir con dignidad, seguridad y participar plena y significativamente en la sociedad.

América Latina y el Caribe atraviesa una transición demográfica muy acelerada. Hacia mediados de este siglo, se espera que las personas de 60 años y más representen un cuarto de la población total de la región. En este contexto, los países han avanzado en leyes, normativas y políticas que instan a erradicar el maltrato en la vejez.  

A nivel regional, los gobiernos reunidos en la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe realizada en la Sede de la CEPAL en 2022, aprobaron la Declaración de Santiago,  en la cual se insta a redoblar los esfuerzos para combatir la discriminación, el maltrato, el aislamiento, el abandono y todas las formas de violencia que afectan a las personas mayores. A medida que los países de la región continúan adaptándose a los cambios demográficos, traducir estos compromisos en políticas y servicios efectivos que permitan reforzar la prevención, así como proteger los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas mayores, sigue siendo esencial para construir sociedades más inclusivas y equitativas.

Asimismo, es clave reconocer que las personas mayores son sujetos de derechos y actores activos de la sociedad, asegurando su participación plena en todos los ámbitos de la vida social y visibilizando sus contribuciones con información estadística relevante para orientar políticas específicas.