Montevideo, 20 de agosto de 2026. En el marco de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentaron la publicación “Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública”, que reúne nueva evidencia sobre la persistencia de esta práctica nociva y orientaciones para fortalecer las políticas públicas dirigidas a su prevención y eliminación en la región.

La presentación tuvo lugar durante el evento paralelo “Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado: respuesta urgente e integral para prevenir los matrimonios y uniones infantiles tempranas y el embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe”, convocado por la CEPAL junto con el UNFPA, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y la Red ALIADAS. El encuentro promovió un diálogo multiactor e intergeneracional para identificar acciones urgentes orientadas a acelerar la eliminación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas, prevenir el embarazo en adolescentes y la violencia por razón de género, en particular la violencia sexual, en el marco de la Agenda Regional de Género, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Década de Acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado acordada en el Compromiso de Tlatelolco.

La actividad contó con la apertura de Paula Narváez, Directora Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, y Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, quien expuso los principales hallazgos y recomendaciones de la publicación. El encuentro fue moderado por Karen García, Estadística de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.

El documento, elaborado en el marco del convenio de colaboración entre la CEPAL y el UNFPA, analiza la prevalencia de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF), su vínculo con las desigualdades territoriales y socioeconómicas y su relación con el embarazo en la adolescencia, la interrupción de las trayectorias educativas, la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado y una mayor exposición a la violencia por razón de género. Sobre esa base, propone orientaciones para fortalecer políticas públicas integrales e intersectoriales, con enfoque de género e interseccional y con implementación territorial.

Durante su presentación, Güezmes señaló que “Los matrimonios y uniones infantiles persisten como una práctica nociva, una manifestación de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, y como un mecanismo de reproducción de los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe”. Pese a los avances normativos registrados en la región, las uniones antes de los 18 años continúan siendo una problemática poco visibilizada y con una respuesta pública todavía insuficiente. Según la publicación, en 2025 alrededor de 1 de cada 5 mujeres de entre 20 y 24 años (18,4%) había contraído matrimonio o mantenido una unión antes de cumplir los 18 años.

La evidencia muestra que estas prácticas no afectan a todas las niñas y adolescentes de la misma manera. Su prevalencia aumenta cuando las desigualdades de género se intersectan con la pobreza, la discriminación, la ruralidad, la pertenencia étnico-racial y otras formas de exclusión, por lo que el documento incorpora análisis por nivel de ingresos, territorio y pertenencia étnico-racial.

Uno de los datos destacados evidencia sus efectos sobre las trayectorias educativas y económicas: el 61% de las niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años alguna vez unidas no estudia ni trabaja remuneradamente, frente al 7% de sus pares solteras. Asimismo, solo el 23% de las niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años alguna vez unidas asiste a un establecimiento educativo, frente al 90% de sus pares solteras. La publicación advierte que estas interrupciones reducen las oportunidades futuras de inserción laboral, limitan la acumulación de capacidades, ingresos y protección social a lo largo de la vida y contribuyen a reproducir la pobreza entre generaciones.

En materia de acción pública, el documento destaca que 17 países de América Latina y el Caribe ya han prohibido el matrimonio infantil sin excepciones. A partir de ese avance, plantea la necesidad de fortalecer respuestas que aborden las causas estructurales de estas prácticas y articulen prevención, mitigación y reparación, con enfoques de derechos humanos, territorial, de género, interseccional e intercultural.

“La erradicación de esta práctica nociva requiere respuestas públicas que van más allá de la prohibición del matrimonio antes de los 18 años”, sostuvo Güezmes, quien destacó además la importancia de articular respuestas sostenidas entre sectores y niveles de gobierno, desarrollar estrategias de acompañamiento personalizado y fortalecer la presencia institucional en los territorios.

Estas acciones se inscriben en los compromisos asumidos por los países de la región. El Compromiso de Tlatelolco, aprobado en 2025 en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, establece una Década de Acción 2025-2035 para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la construcción de la sociedad del cuidado y constituye una oportunidad para fortalecer las políticas públicas de prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados.

“La propuesta de la sociedad del cuidado que América Latina y el Caribe está aportando al mundo es un paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz. Garantizar avances sostenibles en la eliminación de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, la violencia sexual y los embarazos en adolescentes es parte ineludible de este compromiso regional. Es una condición esencial para construir una región más igualitaria, más justa y, sobre todo, libre de violencia para todas las niñas y adolescentes”, afirmó Ana Güezmes.

De los datos a la acción pública

La presentación dio paso a un intercambio sobre experiencias nacionales y respuestas integrales e intersectoriales. Participaron Gloria Reyes, Ministra de la Mujer de la República Dominicana; Teresa Ramos Arreola, Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de México; y Cristina Lustemberg, Ministra de Salud Pública de Uruguay, país que presidió la Sexta CRPD.

El diálogo incorporó además las perspectivas de las mujeres indígenas y de lideresas adolescentes. Participaron Gabriela Ayelen Martín, del pueblo Wichi (CONAMI Argentina) e integrante de la Comisión de Niñez y Juventud Indígena del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA); “Maya”, integrante de la organización La Doble D: Descubre y Disfruta, Tu Escuelita de Educación Sexual, de México; y “Milagros”, integrante de la Red de Participación Lideramos el Cambio, de Colombia. La participación de las representantes adolescentes contó con el apoyo de Girls Not Brides y la Red ALIADAS.

Asimismo, Francisco Benavides, Representante de UNICEF en Uruguay, abordó la persistencia de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y Rocío Muñoz Flores, Asesora Regional de Género del UNFPA, se refirió a las acciones urgentes para disminuir el embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe.

La publicación Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública está disponible en formato digital y busca contribuir al trabajo de gobiernos nacionales y locales, parlamentos, organismos internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una acción articulada para acelerar la prevención y eliminación de esta práctica nociva en América Latina y el Caribe.