Las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo suman más de 5.000 en la región, con mayor presencia en Colombia y Ecuador. Un estudio de la CEPAL identifica avances normativos, pero también desafíos para su consolidación como alternativa al modelo empresarial convencional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) participó en el encuentro de “Intercambio Sur-Sur” con empresarios y emprendedores bolivianos, actividad organizada por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de Solidar Suisse en Bolivia. La actividad giró en torno a las empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y tuvo por objetivo presentar el más reciente estudio publicado por la Comisión con evidencia sobre cómo las Sociedades BIC pueden contribuir a aumentar la productividad y generar empresas con más impacto positivo en la región.

En la actividad, Felipe Correa, investigador de la CEPAL, presentó el estudio Caracterización y ecosistema de las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) en América Latina, que analiza cómo estas empresas responden a una creciente demanda social por un sector privado con mayor compromiso con el bienestar social y ambiental. Según una encuesta de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) citada en el estudio, el 55% de la población considera que las empresas deberían contribuir principalmente a mejorar la calidad de vida de empleados y clientes, mientras que solo un 9% señala como prioridad la generación de ganancias.

Aporte social y ambiental

En la misma línea, Correa destacó que los incentivos para la adopción del modelo BIC no provienen mayoritariamente de la política pública. En ese sentido, la mayoría de estas sociedades no se constituyen con el objetivo principal de aumentar ventas o utilidades, sino por la mera voluntad de contribuir positivamente a la sociedad y al medioambiente. En paralelo, el estudio destaca que una proporción relevante de consumidores está dispuesta a pagar un precio más alto por productos y servicios con impacto social y ambiental certificado.

Evolución del modelo BIC en la región

El estudio ofrece un mapeo de los antecedentes de las sociedades BIC a nivel global y regional. Correa recordó que este modelo surge en 2006 en los Estados Unidos y que, en 2008, se incorpora a la legislación de algunos estados de los Estados Unidos bajo la figura de las Benefit Corporations. Estas empresas forman parte de un movimiento más amplio de “nueva economía”, que incluye a las empresas con propósito, de triple impacto, sociales o del denominado cuarto sector.

Una década más tarde, el modelo comienza a institucionalizarse en América Latina, con la aprobación de marcos legales en Colombia (2018), Ecuador (2019), Perú (2020), Uruguay (2021) y Panamá (2022). En países como Uruguay y Perú, este proceso se caracterizó por una alta aceptación parlamentaria y amplios consensos políticos.

El estudio identifica más de 5.000 sociedades BIC en la región, concentradas principalmente en Colombia y Ecuador. La caracterización sectorial muestra una mayor presencia en las actividades manufactureras, el comercio y los servicios empresariales.

Desafíos de consolidación

Correa explicó que la elaboración de informes de impacto y la modificación de los estatutos son requisitos fundamentales para que una sociedad comercial sea reconocida formalmente como una empresa BIC. No obstante, el estudio advierte desafíos relevantes en materia de rendición de cuentas. “Solo el 24,5% de las sociedades BIC tiene sus informes de impacto al día”, señaló Correa. Algo que podría tener un impacto en su consolidación en la región y representa uno de los desafíos a futuro. 

Vinculación con la Economía Social y Solidaria

Finalmente, Correa vinculó el desarrollo de las sociedades BIC con el avance de la Economía Social y Solidaria (ESS), definida en 2022 por la Conferencia Internacional del Trabajo como un conjunto de iniciativas basadas en la cooperación voluntaria, la gobernanza democrática, y la primacía de las personas y el fin social por sobre el capital. Esta definición se ve reforzada por la resolución de las Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, adoptada en 2023.

En América Latina y el Caribe, este enfoque ha ganado visibilidad institucional. En 2024 se creó la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS), con una amplia adhesión de países de la región, junto con un fortalecimiento de la institucionalidad pública y los marcos normativos existentes en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay.

Desde la CEPAL, este es uno de los ámbitos de trabajo prioritarios. La Comisión regional ha venido promoviendo la generación de evidencia, la publicación de estudios y la participación en espacios de diálogo internacional, con el fin de difundir estos enfoques y contribuir a la construcción de consensos en torno a modelos de desarrollo productivo más inclusivos y sostenibles.

El enlace al video completo de la actividad puede consultarse en las redes sociales del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de Solidar Suisse.