Discurso de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, con ocasión del Seminario Internacional Potenciando la Calidad de los Aprendizajes en la Formación Técnico Profesional
Lunes 29 de mayo de 2017
CEPAL
Estimada Adriana Delpiano, Ministra de Educación del Gobierno de Chile,
Estimada Beate Stirø, Embajadora de Noruega en Chile,
Estimado Dr. Aloisio Mercadante, ex Ministro de Educación de Brasil,
Estimados y estimadas Embajadores
Estimadas y estimados funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan,
Estimadas y estimados miembros de organizaciones internacionales,
Estimadas y estimados colegas de las Naciones Unidas y de la CEPAL,
Amigas y amigos,
Quisiera saludarles en nombre de la Secretaria Ejecutiva, Sra. Alicia Bárcena y el mío propio. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la CEPAL, la casa de latinoamericanos y caribeños, sede de las Naciones Unidas en nuestra región y centro de pensamiento del sur para el sur.
América Latina y el Caribe necesita armonizar la sostenibilidad económica, social y ambiental en una mirada estratégica del desarrollo, que tiene la igualdad como horizonte, el cambio estructural como camino y la política como instrumento (CEPAL, 2010, 2012, 2014). Por ello se propone dar un mayor potencial inclusivo al mundo del trabajo, y comprender a la igualdad desde una perspectiva que va más allá de la distribución de los ingresos, e incluye la igualdad en la disponibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades.
El desarrollo de capacidades de las nuevas generaciones se convierte entonces en uno de los pilares básicos para avanzar. La educación y el empleo son dos ámbitos cruciales; ambos conforman los grandes eslabones del desarrollo. En la etapa juvenil es cuando se establece con mayor fuerza el nexo entre estos dos ámbitos, que constituyen un eje clave de la inclusión social. Es en esta etapa de la vida que se sientan muchas de las bases para la autonomía económica y el bienestar futuro de las personas.
La mayoría de los países de la región aún pueden aprovechar el bono demográfico: aunque en muchos de ellos se va a terminar en el transcurso de los próximos 15 años (agenda 2030). Por ventana de oportunidad demográfica (o "dividendo demográfico") entendemos el período en el que la tasa de dependencia está en disminución. Se trata de un período especialmente favorable para el desarrollo debido a los aumentos potenciales de la viabilidad productiva y de ahorro, así como a la oportunidad de invertir en el crecimiento económico. Esta ventaja puede dar lugar a un mayor crecimiento económico si se cuenta con las políticas, instituciones y mercados necesarios para apoyar y promover el crecimiento (LEO, 2017).
La población juvenil en América Latina, sin embargo, es muy diversa y sus procesos de inclusión, muy heterogéneos. Aún hay grupos importantes de jóvenes apartados de los procesos de inclusión económica, social y política.
En el campo de la educación, la región ha mostrado un gran avance en la proporción de jóvenes que finalizan algún ciclo educativo. Sin embargo, este avance es heterogéneo entre países y al interior de ellos, especialmente en secundaria. En promedio, cerca del 60% de jóvenes de 20 a 24 años ha concluido la secundaria, pero varía entre niveles casi universales en países como Chile y Perú, a niveles de conclusión muy bajos en países centroamericanos. La educación superior sigue siendo el cuello de botella (solo alrededor del 10% de los jóvenes de 25 a 29 años culmina educación terciaria). También se enfrentan desigualdades en la oferta del sistema educativo, que se expresan en la calidad de los servicios, la infraestructura, el prestigio, el tamaño de las escuelas, el profesorado y los logros de aprendizajes.
La educación secundaria se vuelve cada vez más un piso mínimo desde el cual incorporarse tanto a la dinámica de aumentos de productividad requerida para el crecimiento sostenible, como para mitigar la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la exclusión, esencial para avanzar hacia sociedades con mayor cohesión social.
Las brechas educativas no sólo tienen que ver con nivel de desarrollo de los países, hay factores internos de desigualdad de afectan logros al interior de cada país. El primero destacable es el nivel de ingresos económicos del hogar. La estratificación y desigualdad de ingresos tan importante en la región se reproduce en los sistemas educativos. Las desigualdades por área geográfica y origen étnico y racial también se acrecientan en este ciclo educativo y para qué decir en el nivel de educación superior, que en la mayor parte de los países de la región está aún reservado exclusivamente para la elite.
Transformar el sistema educativo en un real mecanismo de reducción de las desigualdades sociales plantea importantes desafíos. Por lo mismo la importancia que se le ha dado en los ODS a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
En este marco, avanzar en la articulación entre educación y empleo, fortaleciendo la educación técnica y profesional (tema que ocupa este seminario) y asegurando la garantía de los derechos es uno de los ejes estratégicos que se requiere abordar desde las políticas sociales. Particularmente porque los avances en el campo educativo no se han trasladado plenamente al terreno laboral donde persisten brechas importantes respecto a la población adulta.
La desocupación entre los jóvenes, por ejemplo, es superior a la de los adultos, y significativamente más elevada entre la población vulnerable y las mujeres. Además de los obstáculos que enfrentan para insertarse en el mercado laboral, al momento de emplearse lo hacen en empleos de menor calidad: menores ingresos, informales, con menores tasas de cobertura de seguridad social y jornadas de trabajo más largas en comparación con la población adulta.
La informalidad laboral es uno de los principales factores que dañan la calidad del empleo en América Latina: menores niveles de protección social y huellas que limitan trayectorias ascendentes en la historia laboral. Los empleos informales, aunque para algunos pueden ser un primer peldaño, en la región parecen estar asociados a una mayor probabilidad de transitar hacia el desempleo o la inactividad, especialmente entre las mujeres jóvenes.
Adicionalmente, una parte importante de los jóvenes latinoamericanos no están ocupados en el mercado laboral, ni cursan estudios. Esta proporción se ha reducido levemente en la última década, desde 24% a 20%, pero sigue siendo más elevada que en la OCDE. La proporción de jóvenes en esta situación es además significativamente más alta entre las mujeres jóvenes (30% frente al 11% de los hombres jóvenes).
Muchas de estas mujeres que ni estudian ni están ocupadas en el mercado laboral, en realidad trabajan en tareas domésticas no remuneradas y en la prestación de cuidados personales: 70% de mujeres en esta situación se dedican al trabajo doméstico (frente al 10% de hombres que están en esa situación). Por lo mismo, esto hay que pensarlo en un contexto más amplio de políticas de cuidado, porque afecta también a las mujeres adultas en sus procesos de inserción laboral.
Para Naciones Unidas, la población juvenil no debe ser vista más como un problema y un costo para la sociedad sino que es clave su inclusión para el desarrollo sostenible e inclusivo que queremos para nuestra región. Esto requiere una mirada multidimensional que incluya tanto estrategias preventivas, educativas, laborales, como programas restitutivos de derechos, generando capacidades de reinserción social en los jóvenes.
Por ello la importancia de políticas que promuevan tanto la autonomía de los sujetos como la atención a sus vulnerabilidades. Políticas que apunten entre otros aspectos a:
• Fortalecer las transiciones de la escuela al trabajo: esto es reconocer la diversidad de trayectorias y otorgar la oportunidad de continuación de estudios de manera flexible, que permitan adaptarse a las condiciones específicas de los jóvenes.
• Articular la oferta educativa con la demanda laboral proyectada, lo que requiere mecanismos de diálogo y pactos entre los sectores de formación y productivo.
• Facilitar la inserción laboral, por ejemplo con programas específicos para esto, de pasantías y de aprendizaje en el trabajo.
• Mejorar calidad del empleo promoviendo el trabajo decente y los sistemas de protección social, lo que incluye programas e incentivos para contratación de jóvenes en empleos protegidos, con ejercicio de derechos y cobertura de seguridad social.
• Incorporar y fortalecer la perspectiva de género en las políticas de educación, juventud y trabajo, mediante programas de conciliación familiar y laboral dirigida a hombres y mujeres, que además podrían resultar en ganancias de productividad, mayores ingresos familiares y menores niveles de desigualdad.
El diálogo que promovemos hoy, en el marco de la semana de la educación y el trabajo de la Alianza del Pacífico, centrado en el ámbito de mejoramiento de nuestros sistemas de educación y formación técnica profesional, es clave para avanzar en estas metas. Les deseamos mucho éxito en esta jornada y agradecemos al Ministerio de Educación de Chile por invitarnos a colaborar en este debate.
Muchas gracias.
