América Latina y el Caribe fue la primera región del mundo en desarrollo que atravesó un intenso proceso de crecimiento urbano. Hoy, ocho de cada diez personas de la región viven en ciudades, haciendo con que el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dependa en gran medida de las acciones implementadas en las áreas urbanas. Incluso, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que las ciudades son el lugar donde se ganará o perderá la batalla contra el cambio climático. Las ciudades son los motores del crecimiento económico, pero también las mayores emisoras de gases efecto invernadero, y su dinamismo se hace presente en medio de las grandes inequidades de nuestras sociedades.
Avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 pasa indefectiblemente por atender el triple déficit urbano: social, económico y ambiental - en línea con lo establecido en la Nueva Agenda Urbana aprobada en 2016, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito. Si bien la información disponible a nivel regional sobre el Objetivo 11 ("Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles") es bastante escasa, una visión general de su evolución permite colegir que, en términos agregados, existen progresos, aunque estos aún son limitados.
Factores como el aumento de los costos de construcción, la menor disponibilidad de crédito, y la pérdida de espacio presupuestario para política públicas urbanas, dificultan el acceso a la vivienda. A ello habría que añadir, en la última década, el impacto de la menor actividad económica, el aumento del desempleo y de la migración, lo cual conforma un contexto complejo que ha detenido el progreso en temas clave, como la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.
Otro de los grandes retos urbanos de la región es el acceso a un servicio de movilidad pública, sostenible y de calidad. Las pérdidas de tiempo y la consiguiente reducción de la calidad de vida y la productividad inciden de manera desproporcionada en los hogares de menores recursos. En ello influye también la expansión de la mancha urbana, que obliga a numerosas personas a recorrer distancias cada vez mayores para llevar a cabo sus actividades.
Las metas del Acuerdo de París requieren cambios estructurales al modelo de desarrollo y descarbonización de las actividades urbanas;. Es por ello que es urgente adherir a un nuevo paradigma basado en la transformación de las dinámicas urbanas y sus bases productivas.
PROPUESTAS CEPAL
La recuperación transformadora significa un giro en la forma en que las ciudades producen, crecen, se mueven, son planificadas y administradas. Es necesario cambiar el modelo de desarrollo urbano y mirar a nuestras ciudades como fuente de oportunidades sociales y ambientales y espacios de realización de derechos; como entidades vivas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. CEPAL trabaja con esta orientación apoyando diagnósticos y decisiones de gobiernos nacionales y locales sobre aspectos como el desarrollo urbano inclusivo, la movilidad, la adaptación al cambio climático y su mitigación, la productividad urbana y las medidas de financiamiento urbano, además de ofrecer a los gobiernos su experiencia y competencias en materia de datos estadísticos, capacidad de generación de conocimiento y herramientas analíticas, que se encuentran disponibles públicamente en la Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe.
CEPAL también apoya la comprensión del suelo como un activo estratégico para el desarrollo urbano, las políticas de vivienda y la resiliencia económica. Ello se articula con políticas de oferta de vivienda social integrada o no segregada, en especial en zonas centrales de las ciudades, y las oportunidades de esta cadena de valor para la economía.
Desde diciembre de 2020, la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) ejercen conjuntamente la secretaría técnica del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), un espacio de coordinación y cooperación intergubernamental entre los países de la región para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, donde las dos entidades de las Naciones Unidas han impulsado una recuperación transformadora, promoviendo decisiones de política pública informadas y basadas en datos.