Seminario internacional “Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina y el Caribe: caminos hacia una protección social universal bajo el enfoque de derechos”

Seminario Internacional

“Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina y el Caribe: caminos hacia una protección social universal bajo el enfoque de derechos”

Santiago, 20 y 21 de junio de 2016-06-16

Palabras de apertura de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.

Muy buenos días. Antes que nada, desde la CEPAL quisiéramos darle una muy cordial bienvenida a nombre de la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena y, del mío propio, a las distinguidas altas autoridades de numerosos gobiernos de la región que nos acompañan hoy aquí en Santiago, y que en los días siguientes nos acompañarán en los dos Seminarios que nos ocuparán en esta semana, primero el que iniciamos hoy “Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina y el Caribe: caminos hacia una protección social universal bajo el enfoque de derechos” y, también, el que se realizará el miércoles, titulado Seminario Internacional "Optimizando la respuesta en emergencias desde lo social”.  También enviamos un cordial saludo a las y los expertos que han sido invitados a compartir sus conocimientos en diversas mesas, así como a las personas que han asistido, como también a quienes nos siguen de manera virtual.

Finalmente, deseamos reconocer el apoyo de la GIZ/BMZ para hacer posible esta actividad, en el marco del componente “Protección social, enfoque de derechos y desigualdad en América Latina”, del programa de cooperación 2014-2016.  Agradecemos a este aliado,  de ya varios años, por apoyar conjuntamente con la CEPAL las capacidades en los países de América Latina y el Caribe para avanzar hacia un desarrollo sostenible y con mayor igualdad.

Los dos seminarios organizados por la División de Desarrollo Social para esta semana comparten un espacio muy relevante, en relación a los desafíos que la Agenda 2030 y sus Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible imponen al mundo y, particularmente, a América Latina y el Caribe. Me refiero a las capacidades institucionales de los gobiernos como condición necesaria para que la política pública pueda estar a la altura de los compromisos adquiridos en materia de desarrollo sostenible en general, y de desarrollo social, en particular.  El corolario de lo anterior es obviamente que, de no estar a la altura, esas capacidades institucionales dejarán de ser un medio, para transformarse en un cuello de botella, incluso un obstáculo, para el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ha ampliado la agenda social mundial y regional, lo que es una buena noticia.  Por lo mismo, ha extendido los ámbitos y sectores de política pública, que deben coordinarse de manera estratégica con el fin de posibilitar avances simultáneos en materias de reducción de la pobreza y de la desigualdad, creación de empleos de calidad, y, en especial, en la creación de avances sustantivos de la cobertura y extensión de la protección social, entre muchas otras áreas.

Es a la luz de ese horizonte 2030, y en el contexto de una desaceleración del crecimiento, un estancamiento en la reducción de la pobreza y, en general, profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, que CEPAL, en su reciente periodo de sesiones, planteó a los países la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo.  Este debiera lograrse de la mano de un cambio estructural progresivo, definido como “un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos que presenten tres características: ser intensivos en aprendizaje e innovación (eficiencia schumpeteriana), estar asociados a mercados en rápida expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo (eficiencia keynesiana), y favorecer la protección del medio ambiente y el desacople entre crecimiento económico y emisiones de carbono (eficiencia ambiental)”.[1]

En el marco de la Agenda 2030 y de las propuestas de cambio estructural de la CEPAL, las políticas orientadas al desarrollo social y, en especial, la protección social deben rebasar intervenciones sectoriales y limitadas en el tiempo.  Por el contrario, deben asegurar caminos para garantizar un acceso universal a niveles básicos de ingreso, a servicios sociales básicos y de cuidado, así como a acciones de promoción social que permitan a los sectores excluidos acceder al mundo del trabajo y la producción de manera sostenida en el tiempo, como también a mecanismos de protección y resiliencia ante emergencias, tanto políticas y económicas,  como aquellas vinculadas a eventos naturales y climáticos adversos.  Mirado desde el punto de vista del ciclo de vida de las personas, la protección social solamente puede tener una real vocación universal si logra atender las necesidades particulares de estas durante la infancia y la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez.  Mirado desde el imperativo de la no-discriminación y desde un enfoque de derechos –ambos principios centrales en la nueva Agenda 2030-- la política social en general y la protección social en particular deben ser capaces de cerrar las brechas de acceso, a la vez de resolver l exclusiones y dar cuenta de los requerimientos particulares, recurrentemente invisibilizados, de importantes segmentos de la población, como es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad y las personas indígenas y afrodescendientes.

Lo anterior, supone considerables requerimientos en el diseño y desarrollo de las políticas sociales, poniendo por delante la calidad de los servicios al objeto de avanzar en la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad, con efectividad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad.  Esto refiere particularmente en ámbito de la institucionalidad y releva interrogantes en múltiples niveles. ¿Cómo articular a los distintos actores gubernamentales sectoriales que participan en el desarrollo social? ¿Qué modalidades de organización de la institucionalidad social existen en nuestra región, qué desafíos enfrentan, y cómo están reformándose para lograr mayores niveles de coordinación inter-sectorial? Más aún, ¿Cómo garantizar derechos y niveles básicos de bienestar generando sinergias entre los actores institucionales sectoriales de la política social, con aquellos otros actores gubernamentales a cargo de garantizar los derechos y transversalizar y singularizar las necesidades de, por ejemplo, las mujeres, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad o las personas afrodescendientes?  ¿Cómo garantizar el acceso, o más allá del acceso, el derecho al cuidado a lo largo del ciclo de vida y para todas las personas, desde una multiplicidad de servicios sociales dependientes de diferentes entidades ministeriales y niveles de gobierno? Y, durante la vejez, ¿Cómo asegurar ingresos dignos para todas las personas desde sistemas de pensiones conformados por varios regímenes institucionales poco articulados entre sí?   En materia de reducción de la pobreza, ¿Cómo avanzar en políticas de reducción de la pobreza que sean capaces de movilizar y articularse con las políticas sectoriales de empleo, capacitación o desarrollo productivo, con el fin de lograr una plena inclusión laboral y productiva de las personas pobres?

En este seminario se procurará no solamente abrir una discusión sobre varias de estas interrogantes, sino además fomentar el intercambio de experiencias y lecciones que resulten útiles para los representantes de los países, así como para todos quienes participen y sigan los trabajos. Las mesas de trabajo se han organizado para profundizar la discusión en relación a algunas de estas interrogantes clave y compartir algunas experiencias nacionales, identificar avances y logros, junto con nuevos desafíos para su desarrollo. Además tendremos la oportunidad de compartir elementos de los trabajos realizados en el marco de este programa de cooperación CEPAL-BMZ/GIZ  (2014-2016).

No me queda más que desearles un diálogo fructífero y profundo, que sea útil para pensar e implementar las políticas de desarrollo y de protección social, para que estén a la altura de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual es ambiciosa, pero también factible si logramos movilizar y multiplicar las capacidades institucionales de las políticas públicas en sus múltiples ámbitos.

Sean una vez más todos bienvenidos y muchas gracias,

[1] CEPAL (2016), «Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible» (LC/G.2660(SES.36/3), Santiago de Chile, Naciones Unidas - Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mayo.