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Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Palabras de bienvenida de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.

17 de enero de 2017|Discurso

Palabras de apertura de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, con ocasión de la inauguración de la Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

17 de enero de 2016

Santiago de Chile

CEPAL

Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,

Michael Addo, Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos,

Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Representantes del cuerpo diplomático acreditado en Chile,

Representantes de organismos internacionales, y de los gobiernos nacionales y locales,

Representantes de las empresas públicas y privadas,

Representantes de la sociedad civil,

Colegas del sistema de Naciones Unidas y de la CEPAL,

Señoras y señores invitados,

Amigas y amigos,

A nombre de la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena les doy la más cordial bienvenida a la CEPAL, la casa de las Naciones Unidas en nuestra región.

Es un gran honor para nosotros acoger esta importante reunión en la que actores estatales y privados, en conjunto con la sociedad civil, buscarán estrategias conjuntas para implementar estándares de empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Hace poco menos de un año, en esta misma casa, los participantes de la Primera Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre políticas públicas para la implementación de los principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, acordaron avanzar en la construcción de un relato regional sobre la materia.

Por esos días, abordábamos los desafíos de la nueva agenda global, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y cómo, con miras a su cumplimiento, es necesario la formación de coaliciones entre los Estados, la sociedad civil y el sector privado, con la participación de empresas.

Un año más tarde, buscamos dar continuidad al esfuerzo de implementación de los Principios Rectores y dialogar en torno a una agenda que permita orientar las políticas hacia la consumación progresiva de los derechos humanos en el contexto de las operaciones de las empresas, tanto en el ámbito público como en el privado.

El capítulo IX de la Carta de Naciones Unidas, referente a la Cooperación internacional económica y social, promueve niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social.

En base a esos principios rectores, la CEPAL ha venido promoviendo la concreción de coaliciones entre los Estados, la sociedad civil y el sector privado, con la participación de empresas.

La Agenda 2030 es una agenda universal e integradora que avanza para lograr la acción colectiva sobre bienes públicos como la paz y el respeto a los derechos humanos, así como el empleo decente.

América Latina y el Caribe enfrenta actualmente un sesgo recesivo que impera a nivel mundial, con poca demanda y exceso de liquidez, pero no de créditos, que ha dificultado la recuperación del comercio y de la inversión extranjera directa (IED).

En contraste, el sector financiero ha ido creciendo y se ha desacoplado de la economía real.

En diciembre pasado, en el marco de su Balance preliminar para las economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL señaló que, tras dos años seguidos de caídas, la región crecerá 1,3%, en un complejo escenario internacional.

En este contexto se hace imperativo dinamizar el impulso de inversión público-privado para retomar el crecimiento de corto y largo plazo y hacer frente a los riesgos y crecientes incertidumbres del escenario internacional.

Al mismo tiempo, es necesario un mejor reparto de las ganancias de productividad entre el capital y el trabajo, así como mejorar la recaudación fiscal. No debemos olvidar que en América Latina y el Caribe persisten estructuras fiscales con baja carga tributaria y bases regresivas, acompañadas además de una alta evasión y elusión fiscal, que asciende a 320.000 millones de dólares anuales, y de la salida de flujos ilícitos.

Para ello, debemos fortalecer los espacios de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas para compatibilizar las estrategias empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las empresas deben colaborar con los gobiernos para lograr una mejor gobernanza de los recursos naturales, con políticas sobre su propiedad, apropiación y distribución, con el fin de maximizar los beneficios colectivos de su explotación y minimizar los conflictos socio-ambientales que las actividades extractivas generan.

Asimismo, la agenda regional sobre las empresas y los derechos humanos, debe contener la visión de cada una, de cada uno: representantes del sector público, empresarios, representantes de la sociedad civil y de los derechos humanos deben ser escuchados con el fin de construir una hoja de ruta democrática, sin dejar a nadie atrás.

Amigas y amigos,

Somos hoy testigos de la urgencia de un cambio estructural progresivo, con la igualdad en el centro del desarrollo. Se trata de un cambio de época en el que las empresas públicas y privadas no pueden quedar atrás. Su rol es fundamental para terminar con los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales que motivaron la adopción de la Agenda 2030.

Sin embargo, todos los esfuerzos deben ir de la mano de un respeto irrestricto por los derechos humanos. Las empresas no deben tolerar los vínculos con abusos de derechos humanos en ninguna parte de sus operaciones y cadenas de suministro. Asimismo, deben exigir respeto por los derechos humanos en los Estados donde operan.

Disponemos hoy de nuevas y mejores herramientas y de una sólida institucionalidad que nos permite llevar a cabo un proceso transformador.

Antes de terminar, quiero desearles jornadas de trabajo fructíferas y llenas de entendimiento pero también de debate.

Son estas valiosas instancias las que nos debe proveer de herramientas concretas y efectivas que nos permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad mejor.

Muchas gracias.

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