Intervención de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, en la inauguración del Seminario internacional sobre Resiliencia de los Territorios al Cambio Climático
3 de noviembre 2015
Santiago de Chile
CEPAL
Estimado Marc GIACOMINI, Embajador de Francia en Chile
Señoras y señores representantes de gobiernos,
Expertos invitados,
Colegas y amigos,
Es un agrado recibirles en la CEPAL, la casa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, para dar inicio a este seminario destinado a reflexionar sobre la resiliencia de los territorios al cambio climático.
Este año ha sido crucial y muy fructífero para la comunidad internacional en la concreción de sus esfuerzos para generar un nuevo marco de referencia que nos permitirá avanzar en los próximos 15 años con una agenda del desarrollo sostenible globalmente consensuada.
En Septiembre pasado, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron unánimemente la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.
Como si fuese poco, en menos de un mes la COP 21 tendrá lugar en París, y las expectativas son muy altas, las esperanzas de la humanidad están volcadas en la capacidad de los Estados partes para llegar a buen puerto en sus esfuerzos negociadores para lograr un nuevo acuerdo climático con ambiciosas metas de adaptación y mitigación, que resulten suficientes para evitar los peores escenarios prospectivos de aumento de la temperatura en el planeta superiores a los 2 grados centígrados.
Las expectativas que levantan tanto la Agenda 2030 de Desarrollo Sosotenible como los resultados auspiciosos que esperamos de la COP 21, nos alcanzan, en América Latina y el Caribe, en un momento especial.
Hoy el signo de los tiempos se llama incertidumbre, y esperamos que nuestra región haya aprendido de las crisis anteriores, que haya fortalecido su resilencia y la consciencia de la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos, pero conteniendo los costos sociales para evitar serios retrocesos, como ocurrió en las décadas de 1980 y 1990.
Desde el punto de vista económico, desde el 90 y hasta el 2012, la región disfrutó —con ciertas diferencias entre las tres subregiones— de un crecimiento duradero del 4,4%, de un aumento de la resiliencia general ante los choques externos de tipo económico, comercial y financiero, como pudimos ver durante la crisis económica y financiera de 2008 y 2009, de unas políticas macroeconómicas más sólidas e incluso, en el caso de algunos países, de la capacidad de poner en práctica medidas contracíclicas.
Hoy nuestra economía acusa los efectos de la desaceleración y si ya en 2014 el crecimiento de la región apenas alcanzó un modesto aumento de 1,1% del PIB, este 2015 se retrae en -0,3%. Para el próximo año proyectamos un incipiente repunte que sin embargo no rebasa el 0,7%.
En el ámbito social y durante el mismo período, 1990 al 2012 la región logró avances significativos en la reducción de la pobreza, de un 48,4% en 1990 a un 28% en 2012, es decir, 40 millones de personas que pudieron salir de la pobreza. Por su parte la pobreza extrema, pasó de un 22,6% a un 11,3%, y la desigualdad del ingreso, gracias a un gasto social continuado, que ha sido algo más que una simple “variable de ajuste”.
Desgraciadamente, estos avances no incluyeron a las mujeres, ya que la pobreza entre ellas ha aumentado un 10% entre 1999 y 2012. Más del 30% de las mujeres aún no tienen ingresos propios y, en el mercado laboral, las que disfrutan de una educación más prolongada solo obtienen el 78% del salario que recibirían si fueran hombres.
Desgraciadamente también vemos que desde 2012 hasta ahora se ha estancado la reducción de la tasa de pobreza. Desde ese año el indicador prácticamente no se mueve y 167 millones personas padecen esta condición. Por su parte la indigencia ha aumentado siete décimas hasta alcanzar al 12% de nuestros compatriotas. Son 71 los millones de latinoamericanas y latinoamericanos que no pueden hoy satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Y este desempeño coexiste con el aumento de expectativas de bienestar y consumo, la mayor promoción de derechos y las demandas de los grupos sociales frente al Estado, que plantean nuevos desafíos en materia de política pública.
América Latina y el Caribe enfrenta un contexto exterior adverso, que podría poner en peligro el crecimiento y el progreso social: las condiciones favorables han desaparecido, la disminución de los precios de los productos básicos fue mayor de lo esperado (una reducción del 40% en el caso de la energía y del 30% para los metales desde 2012), sus principales socios económicos están registrando menores tasas de crecimiento, está expuesta a mayores riesgos externos y ya no resulta fácil acceder al financiamiento, lo que complica aún más el problema de la deuda externa en la subregión del Caribe.
Es posible observar tres realidades diferentes en la región: se espera que América del Sur sufra con más intensidad las consecuencias del final del denominado “superciclo” de los productos básicos y algunas de sus economías de mayor tamaño enfrentan dificultades particulares; Centroamérica y México se encontrarán en una situación ligeramente mejor, gracias a su estrecha relación con los Estados Unidos, y el Caribe sigue caracterizándose por un crecimiento lento y volátil (con una tasa media del 1,5% en 2014 y 2015) y por la preocupante carga de la deuda, que supera el 100% del producto interno bruto en cinco países y requiere una solución multilateral urgente.
En el ámbito social, hay un riesgo de que los progresos relativos a la pobreza y a la pobreza extrema se mantengan estancados. Para evitar un patrón similar con respecto al progreso en lo referente a la igualdad, es necesario adoptar una nueva generación de políticas.
Ese es, en trazos gruesos el retrato del presente de nuestra región, un contexto indispensable para situar nuestra conversación de hoy.
Amigas y amigos, el cambio climático, si bien está estrechamente relacionado con desafíos ambientales ampliamente conocidos, levanta cuestionamientos mucho más abarcadores que se articulan con aspectos profundos de las dimensiones económica y social, y finalmente con qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir y qué herencia queremos dejarle a las futuras generaciones
¿Cómo cambiar los actuales patrones de producción y de consumo que han demostrado ser insostenibles?, ¿Cómo fortalecer el crecimiento económico con igualdad y la protección del medio ambiente, incluyendo la biodiversidad?, ¿Cómo hacer que nuestros territorios sean más resilientes a los cambios del clima, a estas alturas ya inevitables y que se hacen sentir cada vez con mayor intensidad?
En su Quinto Informe de Evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), presentó claras evidencias sobre el impacto del factor antropológico y del papel que juegan los modelos de desarrollo insostenibles en el calentamiento global.
Se estima que hoy las emisiones mundiales se encuentran más de un 60% por encima del nivel de 1990. Por una parte, estamos alcanzando el límite de la capacidad de acumulación de gases de efecto invernadero en el planeta, y por otra, los actuales compromisos de mitigación a nivel global continúan mostrándose insuficientes para lograr la estabilización de las condiciones climáticas.
El enorme reto es pasar de las aproximadamente 7 toneladas per cápita de CO2 que se emiten hoy en el mundo a unas 2 toneladas per cápita en 2050. Y para ello, necesitamos un cambio profundo del actual paradigma en los patrones de producción y consumo, conmensurable con la desafiante magnitud del problema.
Una de las características de América Latina y el Caribe es que una proporción significativa de nuestras emisiones proviene del cambio de uso del suelo, la deforestación y la agricultura, lo que pone en un lugar muy preeminente al territorio. Estos sectores serán los más afectados por los esperados aumentos de temperatura y nivel del mar, debido a las modificaciones del ciclo del agua, con mayor incidencia de eventos extremos como las sequías e inundaciones.
Nuestra región es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Son varios los factores que acrecientan su fragilidad: su geografía, la extensión de sus zonas costeras, la alta incidencia de desastres debidos a fenómenos naturales, la concentración urbana (se estima que cerca del 80% de la población vive en áreas urbanas en estos momentos), la dependencia de ciertos grandes conglomerados urbanos de los glaciares para abastecerse en agua, la importancia de la actividad agrícola, el deficiente desarrollo de la infraestructura, en síntesis, la persistencia de la pobreza y las brechas estructurales vinculadas con patrones históricos de desigualdad muy enraizados.
Existe amplio consenso a nivel académico para ubicar los costos económicos del cambio climático entre un 1 punto y 4 puntos y medio del PIB anual regional en correspondencia con varios escenarios hasta llegar al incremento de la temperatura hasta 2,5 °C. Nuestros propios cálculos se ubican cercanos al 3% anual.
Es evidente entonces que el desafío más acuciante para América Latina y el Caribe es la adaptación al cambio climático, especialmente para los pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe y las pequeñas economías centroamericanas.
Los sectores vinculados a la producción de alimentos, a la infraestructura costera y a las zonas urbanas densamente pobladas, serán particularmente los más afectados.
Estudios preliminares estiman que los costos anuales de adaptación para América Latina y el Caribe ascienden a cerca del 0,5% del PIB regional si comenzamos a actuar desde ahora. Incluso en el escenario más bajo de impacto del cambio climático, la inversión en adaptación siempre permitiría mejorar el crecimiento económico.
Para enfrentar los desafíos de las variadas manifestaciones del cambio climático el concepto de resiliencia, desde un enfoque territorial, nos permite tener una visión más integral y articulada del desarrollo sostenible. La resiliencia abarca riesgos múltiples y las causas subyacentes de la vulnerabilidad con un enfoque integrado, que combina las interrelaciones entre las dimensiones económicas, institucionales, sociales y ambientales del desarrollo sostenible.
Esta visión constituye una característica fundamental del pensamiento estructuralista y cepalino sobre el desarrollo, que pone a la igualdad al centro de nuestra reflexión sobre la agenda regional, para abordar las brechas estructurales a través de políticas públicas articuladas y coherentes, para enfrentar las disparidades de ingreso, las deficiencias en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología e innovación, y la generación de bienes públicos con igualdad de acceso.
Si bien las consecuencias del cambio climático son evidentes en la esfera ambiental y económica, es en su dimensión social donde adquieren mayor trascendencia.
No toda la población es vulnerable por igual a los eventos extremos que afectan a nuestra región. Los segmentos más pobres (tanto a escala nacional como territorial) son los más afectados.
La falta de acceso a recursos no les permite anticipar ni reaccionar adecuadamente ante las catástrofes climáticas; cuando paradójicamente son los más pobres quienes menos contribuyen al deterioro ambiental debido a su menor consumo de recursos.
El cambio climático es, por tanto, un factor de profundización de las desigualdades sociales, entre países y al interior de ellos.
El desafío del cambio climático es, en definitiva, la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible para el que se precisa un cambio estructural virtuoso.
Quisiera agradecer a todos por vuestra presencia y participación en este Seminario y reconocer a los auspiciadores de esta reunión: la Cooperación Regional Francesa, Expertise France y la COMA (Cooperando mejor con las Américas).
Les deseo un debate muy fructífero durante estas jornadas.
Muchas gracias.
