El acervo en infraestructura y el acceso a estos servicios es aún insuficiente en América Latina y el Caribe. Para incrementarlo deben propiciarse alianzas público-privadas en su financiamiento, construcción y operación, así como mejorarse los marcos regulatorios, sostiene la CEPAL en el documento Desarrollo productivo en economías abiertas, que presenta a los gobiernos de la región en su Trigésimo período de sesiones, en San Juan, Puerto Rico.
Según la CEPAL, en los próximos años cabe esperar un aumento considerable de la demanda de estos servicios en la región, de ahí la necesidad de diseñar políticas y mecanismos que estimulen la inversión pública y privada en esta área.
Se estima que, para crecer a una tasa anual del 3% entre los años 2000 y 2010 deberían invertirse en infraestructura cada año unos 70.000 millones de dólares. Esto equivale al 3% del PIB. Los sectores de energía eléctrica y carreteras son los que requieren más recursos.
Durante los años noventa el sector de servicios de infraestructura latinoamericano vivió profundas transformaciones en el área de las telecomunicaciones, la energía, el transporte y los servicios sanitarios. En la mayoría de los países se puso término a los monopolios estatales y se estimuló la participación de los agentes privados.
Entre 1991 y 2002, las telecomunicaciones registraron un crecimiento significativo: el número total de líneas fijas creció a un promedio anual de 10,4% y los suscriptores de telefonía celular pasaron de 300.000 a 100 millones. Durante el período 1996-2002 los usuarios de Internet se multiplicaron casi por 30, pasando de 1,49 millones a 43,3 millones.
La capacidad instalada de la industria eléctrica aumentó tras la privatización de las empresas estatales. Pero la entrada de nuevos inversionistas en el sector no significó un aumento de la competencia, sostiene la CEPAL, pues ésta se vio limitada y en muchos casos entorpecida por la concentración y la posición dominante que ejercen algunas empresas.
La ampliación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento aún no cubre a importantes segmentos de la población. Se estima que la cobertura de servicios de agua potable llega a entre el 20% y el 90% de los habitantes en los distintos países. Sólo un 49% de la población regional está conectada a sistemas convencionales de alcantarillado.
Las reformas generaron estímulos a la competencia en los puertos y aumento de la competitividad de los países. Actualmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Panamá, Paraguay y Uruguay los puertos están en manos privadas. En general, los países que realizaron más reformas muestran cuantiosas inversiones portuarias y ganancias en eficiencia.
Las inversiones en infraestructura requieren de significativos esfuerzos públicos y privados. Desde la perspectiva de la inversión pública, las propuestas apuntan a una mayor flexibilidad en el manejo de las cuentas fiscales, mediante un perfeccionamiento de los instrumentos de control fiscal y presupuestarios que den un tratamiento diferente a las erogaciones de capital respecto a las erogaciones corrientes, de manera que las inversiones pasen a tener un tratamiento contable que no impida la toma de decisiones económicas racionales. Una primera forma para introducir mayor flexibilidad y promover una política fiscal orientada al crecimiento es reconocer que las inversiones que generan un flujo de ingresos con adecuadas tasas de retorno deben excluirse del gasto público computable en los acuerdos con organismos internacionales. Una segunda vía es el fortalecimiento de mecanismos que estimulen diferentes formas de asociación público-privada, mientras que la tercera modalidad se refiere al papel de la banca multilateral de desarrollo. El financiamiento proveniente de estos bancos debiera contabilizarse en el presupuesto público cuando los gobiernos realizan las amortizaciones de los préstamos y no al momento de recibir éstos.
La incorporación del sector privado a la provisión de servicios de infraestructura hace que los mecanismos y criterios de regulación para la fijación de tarifas sean uno de los principales desafíos regulatorios. La debilidad en este campo ha implicado que los aumentos de productividad observados en la provisión de servicios de infraestructura no hayan traído una reducción equivalente en las tarifas de estos servicios.
Integración regional
La CEPAL postula que la integración regional es un factor clave para atraer inversiones, además de incrementar la productividad, generar empleos y diversificar exportaciones. La multiplicación del comercio que favorece la proximidad geográfica induce fenómenos de integración física, social y cultural que le confieren al espacio regional un valor estratégico.
La comisión de la ONU sostiene que, para superar el estado embrionario de los acuerdos en su etapa actual, los países deben profundizar la integración comercial eliminando las trabas aún existentes y facilitando el comercio de servicios. Para lograrlo hay que perfeccionar las operaciones aduaneras mediante reformas y modernizaciones e implantar un código aduanero común.
Desde esta perspectiva, la cooperación regional plantea importantes desafíos en el ámbito de la infraestructura y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, particularmente en los casos del transporte, uno de los principales ejes de integración física, y del turismo.
Ver cuadro: Acervo de capital de infraestructura
