La política industrial es un componente esencial de cualquier política de desarrollo sostenible. Esta política debe reducir la distancia o brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo, orientar los procesos de innovación y difusión de tecnología, así como la diversificación productiva, en el sentido de promover el empleo, y desacoplar el crecimiento de la emisión de gases contaminantes y del uso predatorio de los recursos naturales. Las ventajas comparativas estáticas tienden a reforzar los senderos tecnológicos que existen y que son insostenibles. Por eso las políticas industriales son centrales para acelerar el progreso técnico y orientarlo hacia objetivos de sostenibilidad. Ello supone desafiar las ventajas comparativas estáticas, como lo sugiere Ha-Joon Chang.
Desde esa perspectiva, la tradicional diferencia entre política industrial vertical y horizontal se desdibuja. La importancia del tema ambiental hace que el foco sectorial sea inevitable (por ejemplo, para cambiar la matriz productiva o los sistemas de transporte), mientras que la revolución tecnológica implica que no haya ningún sector de la economía no afectado (hoy no hay un sector digital en la economía, sino que la economía es digital).
La política industrial debe orientarse a construir capacidades endógenas: los aumentos de la productividad en el tiempo, en conjunto con la capacidad de competir en los mercados interno y externo, son los indicadores claves de su éxito o fracaso. Ello requiere el análisis de la estructura de incentivos y la reevaluación constante de sus efectos.