RESUMEN:
La violencia intrafamiliar es un fenómeno de enormes proporciones tanto en nuestra región como en el mundo entero, y son infinitos los daños físicos y sicológicos que ella produce. Es de sobra conocido que las denuncias de violencia intrafamiliar son muy reducidas y el fenómeno queda oculto por miedo, por vergüenza o debido a las dificultades que enfrenta el sector público para atenderlas. El Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG de Perú, desarrolló y puso en práctica –con el apoyo decidido del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)– un modelo de defensoras comunitarias, provenientes de la propia comunidad y capacitadas para atender el problema y dar apoyo a las víctimas en el proceso de denuncia y seguimiento de este.

Tales defensoras comunitarias son mujeres voluntarias, vecinas de barrio, que hablan su propia lengua, el quechua, a las que las víctimas de violencia pueden, con más facilidad, contar sus problemas. Las defensoras les apoyan y acompañan en el proceso, difícil por lo demás, de tomar la decisión de denunciar a su marido o compañero o a cualquiera que ejerza violencia en su seno familiar.

Se trata de un modelo que trabaja de la mano con el sector público, ayudándole a enfrentar las dificultades, conocidas por todos, que dicho sector presenta para tratar este grave problema. Las autoridades de gobierno consideran que las defensoras son una suerte de fuerza reguladora, que contribuye a la solución de problemas de personas con escasos recursos.

Se debe destacar que es una estrategia sencilla y poco costosa, que permite al sistema de justicia llegar a lugares muy alejados que de otro modo quedarían fuera de su alcance. Representa también una metodología de trabajo claramente innovadora que ha permitido el empoderamiento de las mujeres, tanto de las víctimas de la violencia como de las defensoras, quienes hoy saben que cumplen un papel de gran importancia para toda su comunidad. Además, es fácilmente replicable en cualquier lugar de nuestra región, para lo que se requiere ajustar el modelo de capacitación y trabajo a la realidad local, contar con el apoyo del sector público y, por sobre todo, tener personas decididas y convencidas del propósito de mejorar su vida y eliminar este flagelo.