La RedMI plantea en su Informe que hay una serie de derechos que protegen a las personas en condición migratoria que están siendo vulnerados. Estos derechos están consagrados en los tratados internacionales que Chile ha ratificado, lo que implica un compromiso con su cumplimiento. La causa principal de la vulneración de estos derechos es la ausencia de una política nacional integral que garantice a todas las personas un pacto social común, independientemente del lugar de nacimiento y país de residencia.
La ausencia de prioridad del proceso migratorio en la agenda política lleva a una invisibilización de los obstáculos que los inmigrantes encuentran en el acceso a servicios de primera necesidad, así como a otros fundamentales, como la participación ciudadana. La discriminación y la xenofobia acentúan la situación de vulnerabilidad de estas personas, potenciando patrones de exclusión.
La RedMI hace hincapié en la condición de las y los inmigrantes como sujetos de derecho y partícipes de la elaboración de un modelo de sociedad intercultural. Esto se contrapone a las prácticas asistencialistas o que vulneran derechos en temas como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda adecuada, la reunificación familiar, la nacionalidad, la libertad e integridad personal, el derecho a la información, entre otros.
Chile ha sido históricamente un país de acogida o residencia temporal de inmigrantes. Se estima que en el largo plazo la población inmigrante seguirá aumentando, en especial desde países de la región.